Ocaña pidió investigar el desvío de fondos en el sindicato y obra social de Camioneros

La diputada nacional Graciela Ocaña (Cambiemos) amplió hoy una denuncia contra el líder de Camioneros, Hugo Moyano, por supuesto desvío de fondos de la obra social del gremio hacia sociedades pertenecientes a su familia, en el marco de una causa a cargo del juez federal Claudio Bonadio.

Además, la legisladora pidió al juez que "se designe un veedor y/o un interventor judicial en todas las empresas, a los fines de que no puedan obstaculizar la investigación", según la denuncia a la que accedió Télam.

Ocaña se presentó pasado el mediodía en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro para entregar el escrito en el juzgado de Bonadio, que tiene una causa judicial donde se investiga a Moyano y otros imputados por delitos vinculados al manejo del sindicato y obra social de los camioneros.

La ampliación de la denuncia de Ocaña contra Moyano se conoce un día después de la ratificación de la marcha que realizará el sindicato de camioneros, que finalmente se hará el 21 de febrero, y no el 22 como había sido convocada inicialmente, para que no coincida con el aniversario de la tragedia de Once.

A la marcha de camioneros se sumaron las dos CTA, sectores de la CGT y los movimientos sociales, en medio de acusaciones cruzadas entre el moyanismo y el gobierno nacional.

En un mensaje que pareció dirigido a Moyano, el presidente Mauricio Macri llamó ayer al mediodía desde Córdoba a dejar atrás "actitudes mafiosas o extorsivas" en Argentina y pidió superar el "patoterismo", en tanto que el jefe camionero le respondió por la noche al asegurar que tanto él como su hijo Pablo no se encuentran imputados en “ninguna causa judicial”.

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En su presentación de hoy ante la justicia, Ocaña aseguró que "todos los argentinos a través de sus impuestos y el Estado Nacional a través del Presupuesto se ven perjudicados por los ilíicitos cometidos por Moyano".

Ocaña requirió además que la Superintendencia de Servicios de Salud, por orden del magistrado, "designe un interventor en la Obra Social de Camioneros".

La legisladora amplió su denuncia en una investigación que data del 2006 en relación a supuestas defraudaciones en la obra social de los Camioneros y apuntó a sociedades que se vinculan a Moyano y su familia, "IRAI SA", "Dixey SA", "Organización de Seguridad Las Marías SA" y "AConra SA".

Bonadio deberá ahora correrle vista a la fiscal del caso, Alejandra Mangano, para que ella resuelva si amplía la imputación en la causa a raíz de esta presentación.

En base a informes de la Inspección General de Justicia y a un reporte de la Unidad de Información Financiera que ya está en la causa, Ocaña entendió que se "pone en evidencia el desvío de fondos pertenecientes a la obra social de camioneros, al sindicato de camioneros y a la mutual, todas ellas administradas por Hugo Moyano en favor de un entramado de sociedades pertenecientes a su familia, con el consecuente perjuicio a los trabajadores del sector".

El "conglomerado empresarial" comenzó sus actividades en el 2006 en coincidencia "con el interés de Hugo Moyano en obtener la conducción de la CGT", analizó la legisladora.

Para ello habría actuado en "dos frentes": se garantizó un "importante ingreso mensual de fondos que debería ser utilizado teóricamente para brindar servicios de salud a sus afiliados" y, por otro lado, expandió "su poder a partir de una captura de trabajadores de otros gremios a favor de su sindicato".

Para ello habría usado, según Ocaña, "un subsidio que implicaba la devolución de las cargas sociales a las empresas que incorporaran a camioneros entre sus filas" y que estuvo vigente desde el 2002 al 2014 con un "costo de miles de millones a todos los argentinos".

El subsidio permitió al gremio pasar de 40 mil a 200 mil afiliados, remarcó.
"Se están malversando caudales públicos, no puede caber ninguna duda al respecto", sentenció Ocaña en la denuncia.

Y puso como ejemplo a una de las sociedades, "IRAI SA", una "gerenciadora creada para absorber los fondos de la Obra Social, realizando una intermediación parasitaria que serviría para lavar dinero y pasar fondos a la familia Moyano".

Esa sociedad se creó en el 2004 con un capital inicial de 15 mil pesos y "sin antecedentes comerciales" pero desde 2005 "se produce el milagro con la firma del contrato con Camioneros"

"IRAI SA", mencionó la legisladora, "es la nave insignia y la principal sociedad utilizada para el traspaso de fondos desde la Obra Social de los Camioneros, ya que actúa como una empresa gerenciadora de la misma bajo el nombre de fantasía de "Conducir Salud" y además como "prestamista" de las otras sociedades del grupo".

Esta sociedad recibe fondos de aportes obligatorios por ley realizados por empleadores y trabajadores del sector camionero y reintegros de la Administración de Programas Especiales (APE), uno de los ejes de la investigación abierta desde el 2006 en el juzgado de Bonadio por presuntas irregularidades en pagos de este programa.

En otro caso, Dixey, Ocaña sostuvo que se creó en el 2002 y un año después entró la "familia Moyano Zulet" a la sociedad que compró tres inmuebles en la zona de Parque Leloir y en uno de ellos en el que fijó domicilio particular la esposa de Moyano, Liliana Zulet.

"Los involucrados no hacen el más mínimo esfuerzo para ocultar la vinculación que existe entre ellos, se sienten impunes malversando los fondos de la obra social. Creen que es de ellos y no de los trabajadores", agregó.

"Mientras las empresas de su esposa ganan millones, el sindicato pierde plata", sostuvo hoy Ocaña en declaraciones a radio Continental y advirtió que hay una "administración infiel" porque "están vaciando la obra social y enviando el dinero a las empresas".

Además sostuvo que mientras la obra social "es mal administrada, las empresas presentan ganancias de más de 30 millones de pesos y propiedades en Parque Leloir".

Moyano "ha gozado de la impunidad que le da el apriete, el modo que tiene de conducirse por la vida, de insultar, patotear", concluyó.