Medidas aisladas, reacciones no deseadas.

Por KARINA CORTINA (*)

La polémica en torno al aumento del estacionamiento medido expone -una vez más- la necesidad del abordaje integral de las políticas urbanas.

Seguramente, todos estamos de acuerdo en que el desarrollo sostenible de nuestras ciudades requiere de medidas que tiendan a desincentivar el uso del transporte individual sobre el colectivo e incluso la elección de modalidades no motorizadas, como la bicicleta o el desplazamiento a pie, tanto por los beneficios ambientales como sociales en términos de relacionamiento y de recuperación del espacio público, de la calle como lugar de encuentro.

Ahora bien, medidas restrictivas en materia de transporte automotor individual sólo pueden aplicarse cuando se cuenta con una amplia cobertura de un sistema movilidad y transporte público.

Fundamentar la decisión del aumento tarifario en función del actual parque de bicicletas disponibles y las acciones puntuales realizadas sobre la infraestructura vial, que jerarquizan al peatón en los cruces de algunas avenidas del casco urbano, resulta insuficiente frente a la extensión del uso residencial en todo el territorio del partido y la falta de descentralización de servicios y equipamientos que hace inevitable el traslado al microcentro. Si sumamos la aún ineficiente oferta de transporte público, que articule multimodalidades y diferentes escalas de unidades de desplazamiento, nos enfrentamos a una medida que pareciera priorizar el fin recaudatorio sobre la búsqueda de la equidad y equilibrio en el desarrollo urbano–territorial.

Desde la perspectiva de la economía urbana, incentivar a los usuarios desde sus racionalidades, generar la percepción de los costos que cada uno ocasiona es uno de los caminos para delinear medidas de política pública. Sin embargo, cuando las problemáticas son abordadas de forma asistémica, no sólo no impactan en la dirección deseada, sino que producen rechazo social reduciéndose su lectura al fin recaudatorio.

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Cuando la calle -espacio público, motor para la prosperidad urbana y el desarrollo inclusivo- se vuelve un espacio de disputa sobre el estacionamiento, se rejerarquiza paradójicamente al auto sobre el peatón y se desplaza su presencia y conflictividad hacia zonas hasta ahora no afectadas.

Esto nos permite reconocer la inescindible relación en materia de planificación del desarrollo urbano–territorial y las políticas de movilidad y transporte. Coordinada tal integración, se producen áreas con buen acceso de transporte público, que incluso facilitan su recorrido sin necesidad de la motorización, convirtiéndose en lugares atractivos para vivir. Se mejora la competitividad económica de la ciudad, se reduce la contaminación y se produce la valorización del suelo y del ambiente construido pasible de ser gestionada socialmente para el desarrollo de nuevas infraestructuras. Generándose así un financiamiento sostenible, un urbanismo sostenible.

El consenso a nivel global acerca de los criterios políticas de desarrollo urbano-territorial se ha expresado en los últimos años en los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (2015), en la “Nueva Agenda Urbana” (NAU) emergente de la Conferencia Hábitat III de Naciones Unidas realizada en Quito en 2016. Y, en el mes de febrero pasado, se convocó, en Kuala Lumpur, al Foro Urbano Mundial bajo el lema “Ciudades 2030. Ciudades para todos. Implementando la Nueva Agenda Urbana”.

En este sentido, Joan Clos, secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), señaló que “no existe una receta única para mejorar la urbanización y lograr el desarrollo urbano sostenible, pero la Nueva Agenda Urbana proporciona los principios y las prácticas probadas para dar vida a ese ideal, para trasladarlo del papel al mundo real. Que inspire e informe a los encargados de tomar decisiones y a los habitantes urbanos del mundo para que se apropien de nuestro futuro urbano común. En esta coyuntura decisiva de la historia de la humanidad, repensar la forma en que planificamos, construimos y gestionamos nuestros espacios urbanos no es una opción, sino un imperativo.

(*) Arquitecta, especialista en Economía Urbana y en Planificación Participativa