Por LAURA ROMOLI
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Funcionarios municipales y concejales deberán a partir de ahora presentar sus declaraciones juradas en el ámbito local y hacer pública una parte de ellas a la vista de la ciudadanía. Fue un pedido de la gobernadora, María Eugenia Vidal, que el intendente acató con suma celeridad y fue sancionado por el Concejo Deliberante por unanimidad, a pesar de las objeciones opositoras.

Pero mientras se espera que la ley provincial y la ordenanza se reglamenten y promulguen –nadie sabe aún los detalles de cómo será su aplicación-, la palabra transparencia instalada en la agenda local abrió para el oficialismo y la oposición una caja de Pandora desatando conflictos con un curso impredecible.

La declamada transparencia abrió una caja de Pandora en la política platense”

La oposición reclama a viva voz que se instrumenten mecanismos que permitan acceder al conocimiento de todas las licitaciones del municipio, a las compras directas, los proveedores y ejecuciones presupuestarias de distinto orden. La iniciativa fue presentada por el massismo pero apoyada por el resto de los bloques del peronismo, cuya suma hoy no alcanza a formar una mayoría legislativa.

UNA CLAVE POLÉMICA

Pero la polémica se centró puntualmente en el acceso a la clave “Rafam” (Reforma de la Administración Financiera en el ámbito Municipal), un software específico que utilizan todos los municipios para registrar el trabajo contable y que permite acceder a todas las ejecuciones presupuestarias. Según una acordada de 2016 del Tribunal de Cuentas, el intendente deberá entregar al Concejo Deliberante la clave para el uso del concejal que la solicite, una medida reclamada históricamente y que ya han acatado varios municipios.

“Si no cumplen con ese mandato, ¿de qué transparencia hablan?”, lamentaron al unísono en la oposición que, no obstante, votó la ordenanza de las declaraciones juradas. “Las presentaremos, estamos de acuerdo, pero además queremos conocer cómo se gasta el dinero de los platenses”.

“No se puede evaluar una rendición de cuentas sin acceder a los detalles que brinda el Rafam”, lanzó la edil de Unidad Ciudadana Victoria Tolosa Paz antes de anunciar que esta semana irá a la Justicia.

Lo cierto es que ni siquiera Julio Irurueta, el macrista presidente de la comisión de Hacienda del Concejo, ha accedido a la información reclamada. Este año la oposición apuntará al tema, sobre todo frente a la paralización de varias obras importantes en la Ciudad e infinidades de preguntas sin responder, como, por ejemplo, la situación del Fondo Educativo o el Sistema Alimentario Escolar (SAE), que este año administrará el Ejecutivo en lugar del Consejo Escolar.

EL CONSEJO ESCOLAR

Ese organismo tuvo esta semana ardientes jornadas. Su presidente, Pablo Bolino, dio un paso al costado de su cargo en medio de una fuerte tensión en el interior de Cambiemos. Su jefe político, el senador Juan Pablo Allan, perdió así el control de ese estamento, luego de haber reavivado las antiguas rispideces con el intendente, Julio Garro, y el coordinador del municipio, Oscar Negrelli, el hombre que sigue de cerca el funcionamiento del Consejo. Lo cierto es que algo del desempeño de Bolino no convencieron ni a Garro ni a Negrelli, aunque los detalles quedarán por ahora en un manto de sospechas.