El Gobierno pasó el “supermartes” pero ahora viene un ajuste fiscal

Por MARIANO SPEZZAPRIA
mnspezzapria@gmail com

Mauricio Macri es el más realista de los dirigentes del oficialismo. Mientras Marcos Peña, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta intentan mantener con vida –al menos desde la retórica política- el plan del gradualismo, el Presidente ya advirtió puertas adentro del Gobierno y a distintos grupos de oposición que la Argentina no puede gastar más de lo que ingresa a las arcas del Tesoro nacional. Así de sencillo: se vienen tiempos de ajuste forzados por la realidad.

La crisis cambiaria, que el Gobierno cree a punto de controlar, y la decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional en búsqueda del financiamiento que se acota en los mercados, son para Macri las consecuencias de esa realidad, que muestra al país con un elevado nivel de déficit fiscal. Ayer mismo el jefe de Estado planteó ante el Gabinete que el proyecto de Presupuesto de 2019 debe adaptarse a esas circunstancias, con lo cual fijó el rumbo hasta el final de su mandato.

Más tarde, al compartir con la gobernadora Vidal un acto en Morón, al oeste del Gran Buenos Aires, Macri ratificó esa línea al apelar a “la responsabilidad de toda la dirigencia para que no caer en recetas mágicas que dan ilusiones de tranquilidad, pero que son imposibles en la práctica”. Así le envió también un mensaje directo al peronismo que, dividido en varios grupos, tiene una fuerte influencia en el Congreso. En especial, apuntó a los gobernadores y a los senadores del PJ.

Este miércoles se comenzará a debatir en la Cámara alta el proyecto que morigera el aumento de las tarifas que aprobaron los diputados la semana pasada, en una movida conjunta de la oposición que dejó en soledad a Cambiemos. Macri tomó nota de esa situación y volvió a convocar a la mesa chica de la Casa Rosada a Emilio Monzó, el presidente de la Cámara baja que tiene buen diálogo con la dirigencia peronista. También sacó de los cuarteles de invierno al radical Ernesto Sanz.

El ex senador, uno de los arquitectos originales de Cambiemos, será fundamental para que el radicalismo avale la política económica gubernamental de aquí en más, que tendrá su piedra angular en el acuerdo con el FMI y la reducción del déficit fiscal. Por pedido de Macri, Sanz fue contactado por el gobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, para que se sume a la mesa chica a la que regresaron Monzó y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

LE PUEDE INTERESAR

Legisladores K reclaman una sesión especial por tarifas

LE PUEDE INTERESAR

Visto y oído

El Presidente también ofreció una silla en esa mesa a Elisa Carrió, quien decidió que la ocupe Fernando Sánchez, actual funcionario de la Jefatura de Gabinete que es su mano derecha en la Coalición Cívica. Tanto “Lilita” como Monzó venían advirtiendo sobre la necesidad de restar influencia en las decisiones políticas al asesor Jaime Durán Barba, a quien en cambio defiende Marcos Peña. Estas movidas se desarrollaron mientras el Gobierno afrontó la crisis del dólar.

Pero ayer al caer la tarde, cuando ya estuvo claro que la estrategia compartida del Banco Central y el Ministerio de Finanzas había dado resultado para contener el mega-vencimiento de Lebacs, también se interpretó en términos políticos que el presidente Macri necesita ahora coparticipar el costo del ajuste que viene entre sus socios de Cambiemos. Y que sin el aval de la UCR, es imposible que algún sector del peronismo se preste a sancionar el Presupuesto de 2019 con recorte fiscal.

Por ahí pasa el “gran acuerdo nacional” del que habló Peña ayer tras la reunión del Gabinete, siguiendo la línea trazada por el presidente Macri, que no está consustanciado ni mucho menos con la modalidad del Pacto de La Moncloa español, sino con un acuerdo más básico para aprobar el Presupuesto. Aunque una vez frenada la corrida del dólar, habrá que ver el impacto de la fuerte devaluación del peso en los precios. Y por consecuencia, en las paritarias de actualización salarial.

El gremio de Camioneros que conduce Hugo Moyano reclama un 27% de aumento salarial de cara a la paritaria del sector. Los cálculos de este sindicato con peso político se basan en las estadísticas de inflación del INDEC, que estimó un 2,7% para abril y que acumula 9,6% en 2018. En tanto que anualizado, el costo de vida aumentó un 25,5%. Esa será parte de la discusión que se viene, tras el alivio que significó para el Gobierno haber superado el amenazante “supermartes” económico.