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Inspirada en el perjuicio económico declarado por el municipio platense tras los incidentes de esta semana en el centro durante la protesta de trabajadores del Astillero, la diputada provincial por Cambiemos Carolina Píparo propuso que las organizaciones políticas, gremiales y cualquier otro colectivo social cuyos integrantes sean procesados por actos de vandalismo y daño a las propiedades públicas y privadas, reciban sanciones económicas por esos actos.
En ese contexto, planteó la creación de un “Registro de infractores y reincidentes de contravenciones y delitos vinculados a actos de vandalismo y daños a la propiedad pública y privada en ocasión de manifestaciones públicas”.
La norma que impulsa Píparo impone el cese de pago de beneficios, subsidios y aportes a cualquier organización que fuese encontrada penalmente responsable de tales daños o como “impulsores o instigadores” de actos vandálicos durante el desarrollo de las manifestaciones públicas.
En el articulado de su propuesta, que ya tomó estado legislativo y será debatida en próximas sesiones de la Cámara baja bonaerense, las sanciones económicas se harán efectivas “siempre que exista prueba o semiplena prueba de la ocurrencia del daño y su atribución a hechos imputables a personas humanas y jurídicas pertenecientes a dichas entidades u organizaciones. En caso de condena, el beneficio será directamente eliminado”.
En otro pasaje del proyecto se indica que “la suspensión de pagos de beneficios, subsidios y aportes podrá ser revertida provisoriamente cuando la entidad imputada se avenga, en un procedimiento de mediación ad-hoc, a reconocer los hechos y comprometer o cumplir un cronograma de pagos a satisfacción de la parte demandante”.
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