La brecha entre objetores y garantistas divide a los equipos locales de salud

Si el proyecto de despenalización del aborto se aprobara este miércoles y una demanda latente se volcara de pronto sobre el sistema público de salud, sólo dos hospitales de la Región estarían en condiciones de atender casos de cierta complejidad. Mientras el debate en torno a la interrupción voluntaria del embarazo enciende al país, gran parte de quienes tendrían la responsabilidad de ponerla en práctica se niegan rotundamente a hacerlas en caso de que se apruebe la ley.

Ya sea por cuestiones religiosas o morales, cerca de un 70 por ciento de los ginecólogos que se desempeñan en el sistema público de salud de la Región se han declarado ya objetores de conciencia en relación al aborto, lo que significa que nadie podría exigirles que los practiquen en nombre de su responsabilidad profesional. ¿Significa esto que una eventual ley sería inaplicable en la Provincia, como advirtió días atrás la gobernadora María Eugenia Vidal? Para muchos médicos que se desempeñan en servicios de guardia y unidades sanitarias, la respuesta es no.

Y es que si bien reconocen que existe hoy una amplia mayoría de objetores entre sus colegas ginecólogos, aseguran que esto es sólo un “obstáculo generacional” que podría solucionarse en breve y que, por otra parte, “el grueso de la demanda de abortos voluntarios puede resolverse en forma segura y sencilla a través del sistema primario de salud”.

OBJETORES

Una ronda informal de consultas por los servicios de Ginecología de los hospitales de la Región basta para dejar en evidencia el bajo porcentaje de profesionales en ellos que estarían dispuestos a poner en práctica la ley. Mientras que en los hospitales San Martín, Gutiérrez y San Juan de Dios los equipos completos son objetores de conciencia, en el Korn y el Rossi son amplia mayoría los que se oponen a hacer abortos. Es así que sólo el San Roque, donde las posiciones de los ginecólogos están divididas en partes iguales, y el Cestino, donde el servicio tiene una postura garantista, no habría por el momento centros con recursos humanos para atender interrupciones voluntarias de embarazos que presenten cierta complejidad.

“Los médicos que apoyan la ley son general los que tienen menos contacto con la realidad del aborto, ya sea porque no son especialistas o porque no los tienen que atender cuando se presenta una complicación. Muchos de ellos no tienen ni una remota idea de cómo es un feto de catorce semanas al abortar, porque a esa altura ya no estamos hablando de un embrión sino de un feto completamente formado como un bebé. Es fácil apoyar la ley cuando uno no tienen que hacer el trabajo sucio”, dice María Urraza, médica ginecóloga del Hospital Mi Pueblo, de Florencio Varela, cuya maternidad es una de las más grandes del país.

El Cestino es el único hospital de la Región donde los objetores no son mayoría

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En el San Roque las posiciones de los ginecólogos están divididas en partes iguales

Un 70% de los ginecólogos que se desempeñan en hospitales de la Región se han declarado ya objetores de conciencia en relación al aborto

Urraza, que es platense y la semana pasada expuso su posición en el Senado, sostiene que “al margen de la cuestión moral, es un disparate que en un sistema de salud colapsado como el nuestro destine recursos a garantizar abortos voluntarios cuyas muertes por complicaciones son una rareza (`en 2016 se registraron 31 casos en todo el país`) cuando todos los años se nos mueren 300 mujeres por complicaciones de embarazos que se podrían evitar”.

También Blanca Campostrini, jefa de Ginecología del Hospital San Martín, quien desde hace tiempo es objetora de conciencia como todo su equipo, resalta el hecho de que “hablar de ‘aborto seguro’ instala en el inconsciente colectivo la idea errónea de que es una práctica exenta de riesgos si se practicara en un hospital”.

“Obviamente que de realizarse en un hospital los abortos voluntarios serían más seguros. Pero la interrupción de un embarazo no es siempre una cosa sencilla, rápida y exenta de riesgos aún realizándose en el ámbito hospitalario. Muchas veces lleva días lograrla, la paciente debe permanecer internada y hay complicaciones”, dice Campostrini al señalar que hoy los hospitales carecen tanto de camas de internación como de “profesionales entrenados y dispuestos” a dar respuesta a esa eventual demanda de la población.

GARANTISTAS

Para Gastón Cadenas, médico generalista en la Unidad Sanitaria Carlos Cajade de Ensenada y miembro de la consejería en aborto que funciona allí, el hecho de que la mayoría de los servicios de Ginecología estén compuestos por objetores “es una realidad entendible que hay que transformar”. “La práctica ginecológica en los hospitales se ha vuelto muy quirúrgica, por lo cual hoy no tiene mucho trato personal y eso ha llevado a que se pierda la perspectiva de derechos que genera la atención”, sostiene.

Pero además, “la mayoría de ellos están a cargo de profesionales conservadores que les hacen firmar a los médicos aspirantes al Servicio un formulario de objeción de conciencia al entrar, lo que opera como una coacción. Si no lo firmás quedás en desventaja o te hacen saber que vas a tener que ocuparte solo de todos los abortos que lleguen al hospital”, dice.

Con todo, si bien reconoce que “es necesario incorporar más profesionales dispuestos a resolver interrupciones de embarazos en el segundo y tercer mes”, Cadenas señala que “lo más importante es que nos multipliquemos los médicos generalistas, trabajadores sociales y psicólogos en el primer nivel de atención, ya que la mayoría de los casos pueden resolverse fuera del hospital”.

Una de las pocos garantistas en el servicio de Ginecología del Hospital Alejandro Korn, Alejandra Orozco asegura que el hecho de que la mayoría de sus colegas no estén dispuestos a realizar abortos tiene que ver con “desinformación”. “Como el tema no fue debidamente discutido, prima el miedo y la desinformación por cómo se aplicaría la ley. Muchos temen que el hospital explote de pacientes, que no se les garantice la medicación para resolver los casos en forma segura o que se los penalice por no llevar adelante las prácticas”, explica.

Pero si bien reconoce que “en un sistema colpsado la sobrecarga de trabajo opera como un elemento de disuasión”, Orozco sostiene que una ley podría tener un efecto al revés: “si el aborto dejara de ser una práctica clandestina –sostiene-, muchas de las camas y la sobrecarga de trabaja que implica hoy atender sus complicaciones se podrían evitar”.