Evalúan cambios en el protocolo para ponerle freno a las amenazas de bomba

De un tiempo a esta parte, no hay día que en alguna escuela de la Región o incluso en más de una, no deban suspender la actividad por una amenaza de bomba. El flagelo comenzó a mediados del año pasado pero en 2018 tuvo un rebrote que dejó perplejas a las comunidades escolares y, por varios meses, sin reacción coordinada a las autoridades policiales, judiciales, comunales y educativas.

Al menos hasta hace una semana, cuando el Procurador General Julio Conte Grand resolvió que se unificaran todas las causas vinculadas a las intimidaciones públicas en una fiscalía -la de Juan Cruz Condomí Alcorta-, como un primer paso para definir una estrategia uniforme a fin dar con los autores de los llamados.

Y, en esa dirección, esta semana distintas áreas vinculadas a la creciente problemática se reunieron para definir acciones con las cuales intentarán bajar el índice de intimidaciones públicas, que este año llegó a casi 600 en la Región. Una de las alternativas que se bajaran, según pudo saber EL DIA, sería la de realizarle “ajustes” al protocolo de intervención que deben desplegar las escuelas y las fuerzas de seguridad ante cada caso de llamadas amenazantes.

Según trascendió, los cambios de protocolo estarían orientados a generar “diferentes códigos de trabajo”, sobre todo en lo relativo a la posible “no evacuación” de las escuelas cuando se determine que no hay peligro para los chicos.

Con la medida, claro está, se buscaría evitar que los alumnos sigan perdiendo contenidos y horas de clase, aunque todavía no hubo definiciones oficiales sobre esta posibilidad.

Al parecer, otra de las alternativas que se manejan pasaría por un refuerzo de los mecanismos policiales de control previo al acceso de los chicos a clases. “Se controlaría, sobre todo en las escuelas más afectadas, que no ingrese nadie con elementos extraños. De esa manera, si se recibe una amenaza apenas iniciado el horario de clases, se podría descartar la intimidación porque sería evidente su falsedad y no se perderían horas de clase”, deslizó una fuente del caso.

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Algunas de esas propuestas, según pudo saber este diario, se pusieron sobre la mesa en la reunión que el viernes último mantuvieron funcionarios de Educación, Seguridad, el Ministerio Público y la comuna berissense, entre otras áreas, para abordar el tema de las recurrentes amenazas.

El diseño de un nuevo protocolo de intervención se sumaría, de esa forma, a la creación de un Gabinete Especializado que comenzó a funcionar esta semana en la DDI local para investigar los casos de intimidaciones públicas.

Como se sabe, a través del entrecruzamiento de llamados anteayer dieron con dos menores, de 14 y 15 años, acusados de realizar las amenazas a la escuela N°22, situada en 520 y 138, de Melchor Romero.

Los investigadores contaron que el flamante gabinete cuenta con tecnología de última generación para rastrear los números desde los cuales se hicieron las llamadas. Resaltaron, asimismo, que a través de un sistema de localización se pueden rastrear incluso aquellos celulares que no tienen chip y desde los cuales sólo se pueden hacer llamadas al 911.

En cantidad de amenazas, la semana que pasó fue muy particular, debido a que confluyeron dos jornadas de paro y la celebración del Día del Maestro, con lo cual los días de clases fueron apenas dos. No obstante, preparan para la semana que comienza una serie de medidas para intervenir de forma “exprés” ante cualquier intimidación.

Adelantaron, además, que hay investigaciones en marcha, y la semana entrante habrá nuevos allanamientos.

Respecto a los adolescentes que fueron identificados como autores de los llamados, trascendió que se promoverán demandas civiles para que los padres se hagan cargo de los gastos generados por los operativos, que se estiman en unos 35 mil pesos cada uno.

Además, trascendió que hacia el interior de los colegios han comenzado a tomar medidas disciplinarias - “reparadoras”-, con lo que se busca desanimar este tipo de intimidaciones entre los alumnos.

Hasta agosto, en la Región, hubo 589 intimidaciones a las escuelas. Del total, 408 fueron en Berisso, cuya comuna había solicitado que se unifiquen las causas para facilitar la investigación.