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Estas son algunas claves de la sentencia del Tribunal Supremo de España que condenó a nueve independentistas a penas de 9 a 13 años de cárcel por su papel en la tentativa de secesión de Cataluña en 2017.
“No basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión”, concluyó el máximo tribunal, rechazando los argumentos de la fiscalía.
En su fallo de unas 500 páginas, los siete jueces constatan que los dirigentes separatistas no se sirvieron de la violencia en su búsqueda de separarse de España. En cambio, nueve de los doce procesados fueron hallados culpables de sedición por “movilizar a la ciudadanía en un alzamiento público y tumultuoso que, además, impide la aplicación de las leyes y obstaculiza el cumplimiento de las decisiones judiciales”.
El tribunal evocó la movilización del 20 y 21 de septiembre de 2017, cuando 40.000 personas se concentraron ante un edificio público en Barcelona, impidiendo a la policía judicial llevar a cabo con normalidad un registro. No hubo heridos, pero varios coches de la Guardia Civil fueron destrozados.
Estas movilizaciones, impulsadas por los dirigentes de las asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, “crearon el ambiente coactivo e intimidatorio”.
Aunque encontraron “siempre elogiable” el compromiso con la no violencia de Cuixart y Sánchez, condenados cada uno a 9 años de cárcel, los jueces concluyeron que los dos empujaron a sus simpatizantes a oponerse a la ejecución de las decisiones judiciales.
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Durante el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, organizado pese a la prohibición de la justicia, “ciudadanos rebeldes” se mostraron “firmemente decididos” a no permitir a los agentes entrar a los centros de votación para confiscar las urnas. El tribunal vio “un levantamiento tumultuario para convertir en papel mojado -con el uso de vías de hecho y fuerza física- unas decisiones judiciales”. La policía se vio “obligada al uso de la fuerza legalmente prevista. El enfrentamiento entre ciudadanos y agentes de la autoridad derivó en lesiones que, en numerosos casos, exigieron asistencia facultativa”.
“No existe ninguna constitución europea que avale el ‘derecho a decidir’” la independencia a una región de un país, según la sentencia, que acusa a los separatistas de haber movilizado a sus seguidores en nombre de un “imaginario derecho de autodeterminación”. Para el tribunal, los ciudadanos catalanes fueron engañados en pos de una “quimera”. (AFP)
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