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Alberto Fernández decidió gobernar bajo el signo de la emergencia

El Presidente decretó el aumento de las retenciones y la doble indemnización. Avanza con un pedido de superpoderes al Congreso. El consenso quedará para más adelante

Mariano Spezzapria

Por: Mariano Spezzapria
@mnspezzapria

15 de Diciembre de 2019 | 02:14
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Alberto Fernández transita sus primeros días como presidente de la Nación por dos andariveles bien nítidos. El primero de ellos lleva el sello del primer kirchnerismo y consiste en una suma de acciones simbólicas destinadas a generar empatía en la sociedad. El segundo es contante y sonante: apunta a engrosar la caja del Estado. La combinación está en el manual de operaciones del peronismo.

En la Casa Rosada piensan que Alberto F. no tiene margen para tomar otro camino. Pero en los hechos, ya se dirige en una dirección opuesta a la que tomó Mauricio Macri al comienzo de su gestión. En lugar de ocultar la crisis bajo la alfombra, como hizo su antecesor, el nuevo presidente decidió gobernar bajo el signo de la emergencia. Ya la declaró en el ámbito laboral y se encamina pedirle al Congreso que la amplíe, en trámite exprés, al conjunto de la actividad económica.

En forma paralela, se exhibe como una persona terrenal: la muestra más cabal fue su presencia en la Facultad de Derecho para tomar examen a sus alumnos. El día de su asunción, manejó su propio auto –que terminó abollado por los militantes que se agolparon a su paso- en ambas direcciones de la Avenida de Mayo. Y entre sus primeras medidas, avaló la reactivación del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) para beneplácito de los colectivos feministas.

Alberto F. tiene experiencia en la construcción de poder. Fue el ladero de Néstor Kirchner, que en 2003 avanzó como una topadora pese a que había llegado a la Rosada con un escuálido 22 por ciento de los votos y a que el PJ bonaerense le dio su apoyo solamente por orden de Duhalde. Ahora él mismo llegó a la presidencia, en buena medida, por el apoyo de otro. En este caso, de otra: Cristina Kirchner. Y sabe que su fortalecimiento como mandatario dependerá de que la economía empiece a funcionar.

Se da por hecho que se impondrá un impuesto del 20 % a las compras con tarjeta en el exterior

 

Por eso el grueso de las medidas que ya adoptó el Gobierno –aumento del impuesto a los bienes personales y suba de las retenciones a las exportaciones agropecuarias; doble indemnización por despido- y las que se conocerán en los próximos días en los debates parlamentarios estarán direccionadas a fortalecer los ingresos públicos para volcarlos en la reactivación económica. En la carpeta oficial figuran aumentos para jubilados, beneficiarios de planes sociales y asalariados tanto estatales como del sector privado.

LOS DÓLARES DEL CAMPO

Sin posibilidad de financiamiento externo y auto-limitado en la emisión monetaria por consejo del ministro de Economía, Martín Guzmán, que advirtió que poner en marcha la maquinita sería “desestabilizante” –por el riesgo de la hiperinflación-, el Gobierno avanza entonces por los caminos conocidos: el aumento de las retenciones al campo le significará un ingreso aproximado de 2.000 millones de dólares, en caso de se vendan 80 millones de toneladas de soja, trigo y maíz.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, justificó la medida en el hecho de que el dólar estaba a $36 cuando Macri reinstauró las retenciones y ahora se ubica en $63, pese a lo cual las entidades agropecuarias se quejaron de no haber sido consultadas. El nuevo ministro del área, Luis Basterra, estuvo reunido con la Mesa de Enlace pero no avisó lo que sucedería. Es un dirigente kirchnerista, del riñón del gobernador formoseño Gildo Insfrán, con escasa vocación de tender puentes.

Los antecedentes no ayudan. Allí se cuentan la “guerra gaucha” de 2008; el voto “no positivo” de Julio Cobos; la renuncia del propio Alberto F. a la Jefatura de Gabinete y más acá en el tiempo, la Sociedad Rural colocando a uno de sus dirigentes como ministro del área, con Macri en el poder. El Gobierno propondrá a las entidades del campo argentino que se sumen al Consejo Económico y Social, que se creará por ley, para discutir en ese ámbito la proyección de las retenciones.

Mientras tanto, en la Casa Rosada van a lo urgente. Este lunes enviarán al Congreso el proyecto de ley denominado “De Solidaridad y Reorientación Productiva”, que incluirá un expreso pedido de facultades delegadas al Poder Ejecutivo y que avanzará con aumentos en impuestos como Bienes Personales, haciendo foco en posesiones físicas y cuentas de argentinos en el exterior. Para ello se tomarán datos del blanqueo que ejecutó Macri.

También se da por hecho que se impondrá un impuesto del 20 por ciento a las compras con tarjeta de crédito en el exterior, lo que impactará en los consumos de familias argentinas en las próximas vacaciones; y en el plano productivo, habrá una diferenciación entre los gravámenes a las grandes empresas y a las pymes, que tendrán un plazo de entre cuatro y seis meses para ponerse al día con el fisco. En el Congreso, el debate más caliente se registrará en la Cámara de Diputados.

EL POROTEO PARLAMENTARIO

Tanto Sergio Massa, el presidente del cuerpo, como Máximo Kirchner, el jefe del bloque oficialista, son los encargados de conseguir los votos para aprobar en el recinto la “súper ley” que prepara el Ejecutivo con la supervisión de Guzmán, su colega de Producción Matías Kulfas y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra. En principio, deberán reunir apoyos entre bancadas menores, porque Juntos por el Cambio dará el quórum pero votará negativamente los “superpoderes”.

La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, devenida ahora en presidenta del PRO, dijo que la representación legislativa quedó “equilibrada” tras las elecciones y envió un mensaje directo a Emilio Monzó, que viene tomando distancia de Macri sin romper con JxC. “Esperemos que la rosca no desvirtúe ese equilibrio”, advirtió. Se sabe que Massa y Monzó mantienen un fluido diálogo político y que el macrismo duro sospecha que algunos diputados serán flexibles con el Gobierno.

Macri prometió que hará una “oposición constructiva” pero, en los hechos, tiene inocultables diferencias con el kirchnerismo. Por eso planea mantenerse activo –ya alquiló unas oficinas en Olivos, a tres cuadras de la quinta presidencial- y al mejor estilo de Cristina, trabajará en un libro sobre su reciente mandato. No obstante, no tiene garantizado el liderazgo de la oposición. Los radicales Mario Negri y Alfredo Cornejo hablan de una “conducción colegiada”.

El Gobierno detectó ese descontento y en los próximos días convocará a los tres gobernadores de la UCR. Buscará ampliar el consenso para suspender el Pacto Fiscal de 2017, como reclaman los mandatarios del PJ, para que las Provincias puedan volver a fijar los montos que cobran por Ingresos Brutos y Sellos, importantes para la recaudación. El tono discordante lo puso Cristina cuando hizo notar la abundancia presupuestaria de la ciudad de Buenos Aires sobre distritos como La Matanza, subrayando el mayor poder económico de los porteños.

La Vicepresidenta dejó así en claro que vigilará que su delfín Axel Kicillof cuente con recursos para gobernar la Provincia, algo que en esencia depende de transferencias de la Nación. En este punto radica una de las incógnitas políticas del tiempo que viene: ¿Cómo manejará Alberto F. la cuestión bonaerense? Por ahora, se puede decir que convocó a varios intendentes del Conurbano a su Gabinete, lo que contrasta con la nula participación que les da Kicillof en su administración.

“En el Gobierno nacional participamos”, deslizó un intendente y no hizo falta que completara “en el provincial, no”. Por afuera de la interna peronista, la lógica de Alberto F. es la superación de la grieta. La consecuencia de ese objetivo implicaría dejar atrás la rivalidad Cristina-Macri. Aunque, a priori, las medidas alumbradas al calor de la emergencia no parecen contribuir en ese sentido. El consenso, bajo el eslogan de “la unidad de los argentinos”, quedaría para más adelante.

 

 

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