Las fiestas clandestinas ponen en riesgo la seguridad de jóvenes

Una vez más la Municipalidad debió realizar en las últimas horas operativos para clausurar fiestas clandestinas, entre ellas la que se desarrollaba en una casa quinta de la periferia de La Plata en la que había unos 800 jóvenes -muchos de ellos menores de edad- y que carecía de todo tipo de habilitación comunal.

Tal como se informó, la fiesta electrónica había sido convocada por las redes sociales y, luego de recibirse una denuncia vecinal al 147 de atención vecinal, integrantes de la secretaría de Convivencia y Control Ciudadano comunal junto a efectivos de la Policía Local y de la Bonaerense, desarrollaron el operativo que permitió el desalojo y la clausura del evento, lográndose en esta oportunidad el retiro pacífico por parte de los asistentes. Pero no fue el único caso, ya que también clausuraron otras dos fiestas clandestinas en Villa Elisa y El Peligro.

Resulta llamativa la persistencia que demuestran los “organizadores” de estas fiestas ilegales, a pesar de que se conoce que el poder de la policía municipal las viene clausurando y ordenando otras sanciones complementarias.

Si bien en esta oportunidad no existieron derivaciones negativas, es sabido que se registran habitualmente desenlaces con graves consecuencias, como la ocurrida a fines del año pasado con los graves incidentes callejeros que protagonizaron los asistentes a un encuentro de esa naturaleza, que derivaron en una batahola en la que unos 300 jóvenes se resistieron arrojando piedras a los policías.

En esa oportunidad, un funcionario municipal platense recibió dos puntazos, el más serio cerca del pulmón y debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde se le practicaron las curaciones necesarias y los chequeos para determinar que no había otros daños.

Se sabe que la violencia y el descontrol que suelen registrarse en estas fiestas masivas resultan ser una verdadera pesadilla. Es común, también, que los asistentes a ellas sufran robos por parte de sujetos que se acercan a esos encuentros y aprovechan la gran concentración de gente para saquear, aunque también los vecinos del lugar sufren amenazas y robos.

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Lo cierto es que la secuencia de fiestas juveniles no autorizadas, que ya lleva en La Plata, desde el inicio de la primavera pasada, más de 40 clausuras -entre otras causas, por falta de habilitación, por venta de alcohol a menores o sobrepaso de la capacidad de los locales- está evidenciando con elocuencia la necesidad de que los poderes públicos ejerzan una mayor fiscalización, de modo de impedir que tales encuentros sigan desarrollándose al margen de los mínimos controles.

Se trata de reuniones que inicialmente se presentan como de índole privada, aunque luego, por la masividad que alcanzan, superan esos límites y terminan por convertirse en mega fiestas clandestinas a las que asisten centenares, mil o más jóvenes, en encuentros en los que suelen abundar el alcohol, la droga y la violencia que se desata entre grupos enfrentados o entre los jóvenes y los servidores públicos que llegan para clausurarlas.

Está fuera de toda duda que, en las condiciones de marginalidad en las que se desarrollan, resulta difícil para las dependencias públicas detectar dónde se realizan y en qué condiciones. Las experiencias acumuladas en los últimos años han sido muy dramáticas, como para que no se extraigan de ellas conclusiones valiosas para garantizar la integridad física y moral de miles de jóvenes, inexplicablemente puesta en riesgo por los organizadores de estas megafiestas, cuya exclusiva preocupación es la de velar por su propio afán de lucro.