Piden elevar a juicio la causa por los hoteles de los Kirchner

La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó ayer la elevación a juicio oral del caso Hotesur, en el que está procesada la ex presidenta Cristina Kirchner, entre otros, por supuesto lavado de dinero a través de falsos alquileres de plazas de hoteles perteneciente a la familia presidencial.

Las máximas autoridades del organismo antilavado, Mariano Federici y María Eugenia Talerico, presentaron un escrito de 200 páginas en el que solicitaron al juez federal Julián Ercolini que el caso pase a la instancia de debate oral y público.

En el escrito, los responsables de la UIF sostuvieron que en el caso Hotesur es una de las causas en la que habría quedado en evidencia “una asociación ilícita destinada a apoderarse de los fondos públicos, y el reciclaje que se efectuó a posteriori y que conformara el desapoderamiento del dinero público”.

Los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, habían solicitado lo mismo en diciembre en el marco de la causa que alcanza a otros 18 imputados, entre los que se encuentran los hijos de la ex presidenta, Máximo y Florencia Kirchner, y el empresario detenido Lázaro Báez.

Se trata de la causa iniciada en noviembre de 2014, cuando la entonces diputada nacional Margarita Stolbizer denunció una supuesta operatoria inmobiliaria, con alquiler de hoteles de la familia Kirchner, para justificar el cobro de dinero proveniente de sobreprecios en obras públicas.

ASOCIACIÓN ILÍCITA

“La acusación fiscal se encuentra enmarcada en la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los ex presidentes de la Nación Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”, y otros ex funcionarios y empresarios, habían remarcado los fiscales.

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Pollicita y Mahiques señalaron que la estructura estaba integrada, además, por “ex funcionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su confianza, montada en base a una división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado”.

Según la acusación fiscal, la asociación ilícita funcionó “ininterrumpidamente al menos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016” y estuvo “destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos”.

Los fiscales remarcaron que a través de la compra de hoteles como el Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea, se constituyó el “mecanismo a través del cual los ex mandatarios y los empresarios allegados canalizarían el dinero que era sustraído al Estado a través de la obra pública vial, otorgándole así la apariencia de provenir de una actividad lícita”.

Entre los procesados de esta causa se encuentran Lázaro Báez, su hijo Martín; la sobrina de la ex presidenta, Romina Mercado, el contador Víctor Manzanares (detenido) y el empresario Osvaldo Sanfelice.

La ex presidenta Cristina Kirchner tiene 6 procesamientos en el marco de las causas conocidas como Hotesur, Dólar Futuro, Memorándum con Irán, Obra Pública, Los Sauces y Cuadernos de la Corrupción.

Salvo la causa de los Cuadernos, todas las demás causas ya fueron elevadas a juicio oral.

La acusación fiscal se enmarca en la presunta existencia de una asociación ilícita

Según trascendió en fuentes tribunalicias el juez Ercolini estaría esperando el resultado de una pericia ordenada por la Oficina A nticorrupción que donduce Laura Alonso, y que se ha demorado más de lo esperado. Se afirma que una vez concluído este expediente, el procedimiento judicial se llevará a cabo de inmediato y se fijará la fecha en que Cristina y los otros imputados se sienten en el banquillo.

El primer debate oral y público que tendrá a la actual senadora en el banquillo de los acusados será el relacionado con la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública en favor de las empresas de Báez: la fecha de inicio es el 26 de febrero.