Envían a juicio oral a los financistas que trabajaron para Lázaro Báez

El juez federal Sebastián Casanello, envió a juicio oral una causa en la que un grupo de financistas y empleados bancarios están acusados de haber colaborado con las maniobras de supuesto lavado de 60 millones de dólares en el exterior, por parte del empresario detenido Lázaro Báez.

Se trata de un desprendimiento de la causa por lavado de dinero por la que Báez y sus hijos ya están enfrentando un juicio oral y público, en el que también está siendo juzgado el financista arrepentido Leonardo Fariña, entre otros.

El nuevo debate oral tendrá por objetivo juzgar a financistas y empleados bancarios vinculados a la sociedad de bolsa Provalor y al banco suizo Lombard Odier por ayudar a Báez a integrar dinero ilícito al “circuito económico formal bajo apariencia de licitud”, según consta en la resolución de la elevación a juicio.

Los acusados intervinieron en la “conformación de una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero para la canalización, conversión, transferencia, administración, venta, disimulo y/o puesta en circulación en el mercado, de fondos de Lázaro Antonio Báez de procedencia ilícita”, sostuvo Casanello en su resolución.

El juicio se sustanciará contra los entonces empleados del banco Lombard Odier, Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis, y contra los directivos de Provalor Jorge Ruiz, Mariano Rubinowicz, José Fallas y Sebastián Jabbaz.

“CONTROLES A SOCIEDADES OFF SHORE”

La Coalición Cívica (CC), que orienta la diputada Elisa Carrió, solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) que anule una resolución que, denuncia, “relaja los controles a las sociedades off shore”.

LE PUEDE INTERESAR

Cristina pidió suspender el juicio por el manejo de la obra pública en el Sur

LE PUEDE INTERESAR

En Ensenada, Secco pide que se declare la emergencia alimentaria

La CC aludió a la resolución Nº 6/2018, que entró en vigor el 29 de agosto del año pasado y que, denuncia, “generan grave preocupación porque afectan el control estatal sobre este tipo de sociedades, haciendo mucho más vulnerable al país en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y la financiación del terrorismo”.