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En tiempos de guerra, decía Winston Churchill, la verdad es tan preciosa que debe ser protegida por un convoy de mentiras. Nicolás Maduro, rodeado de militares, quiso quitarle hierro a la crisis venezolana con eso, un convoy de mentiras: “¿Qué ayuda humanitaria? Cuatro gandolas de comida podrida, que le sobraba al ejército de Estados Unidos. Comida cancerígena, que ya ha provocado heridos, intoxicados y, me dicen, hasta fallecidos en Cúcuta, ha salido en prensa por ahí”. La afirmación de Maduro se basó en un fotomontaje atribuido al diario local La Opinión, desmentido de inmediato, que denunciaba la intoxicación de 14 personas que habían ingerido alimentos donados por la Agencia de Cooperación de Estados Unidos (Usaid).

¿Era la excusa para bloquear las fronteras e impedir el intento de la oposición de introducir alimentos y medicinas en Venezuela? El régimen cometió un crimen de lesa humanidad de ser cierto el riesgo de muerte que corren 300.000 personas, calculado por organizaciones no gubernamentales. Ese riesgo, que tomó al pie de la letra el presidente encargado, Juan Guaidó, se vio contrastado por otro: la amenaza de Estados Unidos de una intervención militar, rechazada por el Grupo de Lima y por la Unión Europea, entre otros involucrados en el drama venezolano. Una retórica que, más allá de las sanciones, termina favoreciendo el credo de Maduro.

Un credo que dicta que el colapso de Venezuela, territorio hostil con la prensa no adicta al régimen, se debe al afán imperialista de Donald Trump, la complicidad del presidente colombiano Iván Duque y la traición de la oposición. Los cinco muertos y las decenas de heridos del 23 de febrero y de los días posteriores refuerzan la estrategia del control social por medio de la participación de milicianos armados enrolados en los llamados colectivos. En sólo cinco días, entre el 21 y el 25 de enero, en coincidencia con la proclamación de Guaidó el 23 de ese mes, al menos 41 personas fallecieron durante las protestas contra Maduro por heridas de armas de fuego, según Amnistía Internacional.

En ese lapso hubo 770 detenciones arbitrarias de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), principalmente de sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), “incluyendo adolescentes, en una escalada de su política de represión para controlar a la sociedad venezolana y castigar a habitantes de zonas populares”. La ayuda humanitaria, a los ojos de Maduro, representaba un caballo de Troya detrás del cual iba a perpetrarse la invasión de Estados Unidos con el apoyo de Colombia y otros gobiernos. Todos supuestos en medio del duelo de conciertos en la frontera con Colombia. De haber sido una pugna musical, el pentagrama habría resuelto el entuerto.

Por el quebranto y las violaciones de los derechos humanos, 400.000 personas huyeron de Venezuela desde noviembre, estiman las agencias de la ONU para los refugiados (Acnur) y los migrantes (OIM). Ya habían partido tres millones hacia distintos destinos. Entre los latinoamericanos, Colombia (1.100.000), Perú (506.000), Chile (288.000), Ecuador (221.000), Argentina (130.000) y Brasil (96.000). Ni las sanciones ni las amenazas promovidas por Estados Unidos disipan el riesgo real. El del atolladero de un pueblo en emergencia con doble comando, dos congresos, dos tribunales supremos (uno en el exilio), una guerra (real o en ciernes) y mentiras. Un convoy de mentiras.

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