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David Blanco Bonilla
Lima
EFE
La acción que mostró, hasta el momento, la Justicia de Perú en la investigación de las denuncias por corrupción vinculadas con el caso Lava Jato en el país ha desencadenado un terremoto en la política peruana. El proceso que llevan adelante un grupo de fiscales y jueces golpeó a todo el espectro político del país, desde la derecha al centro y la izquierda, ya que, según las pesquisas, ninguno fue ajeno a la trama corrupta de empresas que tuvieron como su cabeza más visible a la constructora brasileña Odebrecht.
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En todo ese entramado están implicadas otras firmas vinculadas a un oscuro “club de la construcción” que participaba en sobornos y prebendas para hacerse con grandes obras públicas.
Que no hubo sector impoluto ni ideología que escapara al influjo de la corrupción se confirmó está semana cuando la exalcaldesa izquierdista de Lima Susana Villarán fue enviada a prisión preventiva durante 18 meses mientras se le investiga por presuntamente haber recibido dinero ilegal de Odebrecht.
La exalcaldesa, de 69 años, está imputada por asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos por presuntamente recibir tres millones de dólares de Odebrecht y otros tres millones de otra constructura.
Por el caso Odebrecht también están imputados el expresidente derechista Alejandro Toledo (2001-2006), el nacionalista Ollanta Humala (2011-2016) y el conservador Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Por el caso Odebrecht también era investigado el expresidente Alan García, que se suicidó cuando iba a ser detenido por los presuntos sobornos recibidos.
Para intentar sumarse al accionar punitivo de la Justicia, que está aplicando las leyes penales sin distinción de color político ni jerarquía, el gobierno del presidente Martín Vizcarra ha planteado una serie de reformas políticas que, en principio, se han encontrado con la reticencia del Congreso, que domina el fujimorismo.
El sociólogo e historiador Sinesio López consideró que “las grandes reformas” de la política peruana se están produciendo, en realidad, a partir de la movilización ciudadana, y que el accionar de algunos fiscales y jueces han permitido que la Judicatura se transforme “en un laboratorio de profundos cambios” en el país.
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