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Mario Coriolano
El 26 de junio se conmemora el “Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura” y evoca la fecha de entrada en vigor de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (aprobada en nuestro país mediante ley 23.338, de fecha 30/7/86).
En la Defensoría de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, funciona desde el año 2000 -en forma ininterrumpida- el Registro de Casos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. Los datos son suministrados por funcionarios de la Defensa Pública provincial que remiten los casos informados por sus defendidos, comunicados a otros funcionarios o recibidos de modo confidencial bajo reserva de secreto profesional. Esta particularidad, por la calificación de la fuente, ha sido reconocida en el ámbito nacional e internacional.
Impulsados en el principio de reparación de las consecuencias sufridas por las víctimas de tortura, hemos atendido más de 20 casos junto a CODESEDH, organización no gubernamental de amplia experiencia en la asistencia y tratamiento de personas que padecieron torturas, con el apoyo del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura.
En el informe anual 2018 del Registro de Casos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (disponible en http://www.defensapublica.org.ar/BancodeDatos/2018/Informe.pdf), se han señalado 503 casos de víctimas de torturas y tratos inhumanos, que exigen seguir trabajando en red, en forma multiagencial e interdisciplinaria, para luchar contra este flagelo en nuestra provincia.
Entre las peticiones a las distintas autoridades bonaerenses, destinadas a proteger a las personas de cualquier forma de tortura o trato inhumano, se solicitó el diseño y puesta en marcha de un Plan Provincial de Protección de Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad, la sanción de la ley de creación del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura, la aplicación plena de la ley 14442 de Ministerio Público -que postula la independencia de la Defensa Pública-, la adopción de medidas judiciales con perspectiva de género en el encierro de mujeres, mujeres madres y colectivo LGTBI y el cumplimiento integral de las disposiciones de la Ley de Salud Mental en la provincia de Buenos Aires. NO MÁS TORTURA.
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