La agenda estructural del próximo gobierno

Las reformas estructurales han entrado al debate público sin muchas precisiones. Parecería que los principales actores políticos perciben que habrá que avanzar en reformas, sea porque los vecinos se mueven en esa dirección (Brasil ya aprobó una ambiciosa reforma laboral y está en el Congreso una profunda reforma previsional; en la campaña electoral de Uruguay se discuten detalles de posibles reformas también en esos dos campos), o porque ello abriría la puerta para convertir el stand by vigente con el FMI en un EFF que permite estirar los plazos de devolución del préstamo que tomó el gobierno actual, o porque varios analistas las consideran cruciales para aumentar la tasa de crecimiento de mediano plazo de la economía y reducir su volatilidad, en la medida en que permitan mejorar la solvencia fiscal.

La agenda estructural incluye reformas en el campo laboral y previsional, en la apertura de la economía, en el sistema tributario y en la eficiencia del Estado en general. Los cambios en estas áreas son muy exigentes desde lo político por una razón sencilla: la mayoría de las reformas recortan privilegios cuyos beneficiarios tienen una gran capacidad de lobby para tratar de bloquearlas (beneficios concentrados en unos pocos cuyos costos están repartidos entre muchos).

Dadas las dificultades que enfrentó el gobierno a finales de 2017 para avanzar en algunos de estos campos, se puede entender que algunos actores coincidan con el título “hay que hacer reformas estructurales” pero que lo vacíen de contenido, sosteniendo que ya se ha resuelto el problema o poniendo en el centro de la discusión reformas que son relativamente fáciles de lograr, como el blanqueo laboral. Pero lograr la solvencia fiscal y mejorar la competitividad del sector privado requiere bastante más que títulos o blanqueos.

En los párrafos que siguen se analizan algunas de las reformas más relevantes a nivel nacional. Se excluyen la educación y la salud que son, mayormente, competencia de las provincias.

APERTURA DE LA ECONOMÍA

La Argentina es una de las economías del mundo más cerradas al comercio internacional y este es uno de los factores que explican porqué las exportaciones son tan bajas en relación al PBI. Ello aumenta la vulnerabilidad macro porque, ante un faltante de financiamiento, un salto de exportaciones no aporta mucho y se termina en una recesión profunda para reemplazar dólares financieros por comerciales.

Seguramente será tema de discusión al comienzo de la próxima gestión presidencial reducir el arancel externo muy alto que tiene el Mercosur y tratar de cerrar el tratado de libre comercio con la Unión Europea.

LE PUEDE INTERESAR

El gobierno y el kirchnerismo todavía no dan en la tecla electoral

LE PUEDE INTERESAR

Vidal se aferra a los antecedentes y Kicillof suma refuerzos a su campaña

REFORMA LABORAL

El nivel de protección que cada país decide darle a sus trabajadores influye en los costos que pagan las empresas y ello puede afectar el empleo. Pero los problemas principales que enfrenta la Argentina no pasan por ahí, sino por el derroche en intermediarios que perciben un pago importante por sus “servicios”. Dos ejemplos claros son: a) la alta litigiosidad que resulta en pagos importantes para los abogados laboralistas y un costo importante para el Estado que financia el fuero laboral; y b) los fondos extras que perciben los sindicatos por encima del aporte voluntario de quienes deciden afiliarse.

Los costos de la alta litigiosidad entran en los costos de las empresas pero no benefician al trabajador. Una opción para reducirla es que las multas por pagar algo en negro (que, obviamente, en muchos casos no es comprobable) sean bajas para cualquier empleador que tiene registrados a sus trabajadores en el sistema previsional, que es la situación de muchísimas Pymes (digamos 5% en lugar del 200% actual) y que sean más severas para los que tienen trabajadores en la clandestinidad. Una discusión aparte es el cómputo de la indemnización, ya que algunos países han reducido los 30 días por año de antigüedad que rigen en la Argentina.

La Argentina es una de las economías del mundo más cerradas al comercio internacional

Los sindicatos argentinos, además de administrar las obras sociales -Alemania, país del cual se imitó el modelo de salud de la seguridad social, ya introdujo una profunda reforma hace una década-, reciben en muchos casos aportes extras para el gremio o para actividades que hace/supervisa el gremio. En los hechos, actúan como un impuesto al trabajo cuya recaudación se “privatiza”. Por ejemplo, cualquier empresa de comercio hace un aporte adicional del orden del 15% sobre las cargas patronales y aportes personales para financiar un seguro privado de jubilación, actividades de capacitación y otros menores cuyos beneficios son bastante difusos, pero en los cuales el gremio es un actor central. Esto se replica en varios sindicatos que disfrutan de ingresos que aumentan el costo laboral sin que ello favorezca claramente a los trabajadores.

Además, las normas que regulan el empleo temporario en la Argentina son rígidas y costosas, en particular para resolver los casos de personas que desean trabajar una jornada reducida.

REFORMA PREVISIONAL

La Argentina gasta alrededor de 11% del PIB por año en jubilaciones y pensiones cuando se suman las 12 cajas provinciales no transferidas y la ANSES. Hay varios problemas de incentivos que resultan en regímenes especiales, entendiendo por tales a hacer menos aportes que otro trabajador que tiene un ingreso similar para obtener una jubilación parecida.

El principal régimen especial es el monotributo, pero hay otros (judiciales, docentes, futbolistas y servicio exterior). Aún dentro de un sistema de reparto es posible estimar las jubilaciones en función de lo aportado por cada uno a lo largo de su vida laboral. Ello resolvería varias injusticias que tiene el régimen actual y mejoraría los incentivos a aportar.

A esto se agrega el problema de la edad jubilatoria (sobre todo de las mujeres) y la litigiosidad que resulta de prometer beneficios que no pueden sostenerse fiscalmente.

REFORMA IMPOSITIVA

El desafío es lograr los recursos para poder cumplir con los objetivos de la reforma de 2017 y evitar comportamientos oportunistas de los municipios que quedaron afuera de aquélla. Nótese que además de financiar las rebajas comprometidas a finales de ese año (y luego parcialmente suspendidas) hay que lograr ingresos para retrotraer el aumento en las retenciones.

REFORMA DEL ESTADO

A pesar de los avances en la reducción del peso del Estado en la economía, hay todavía mucho espacio para reducir “cantidades” reemplazando el ajuste por mayor inflación que en parte se hizo en 2019. Hay opciones que van desde fusionar tareas que hoy hace cada ministerio hasta avanzar en despolitizar la asistencia social que sigue teniendo intermediarios y algunos abusos.

CONCLUSIÓN

La agenda de reforma es amplia y obviamente habría que complementarla con acciones de provincias y municipios. Son temas complejos y “políticamente” costosos pero que son cruciales para lograr mayor crecimiento, mayor empleo formal y mayor equidad.

(*) Economista de Fiel