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Alberto F. balancea la tendencia natural del kirchnerismo hacia la izquierda, pero la unidad de la coalición peronista no está exenta de internas. El rol de la oposición
El presidente Alberto Fernández cumplió un mes de gestión/afp
Mariano Spezzapria
@mnspezzapria
Sólo transcurrió un mes desde que se instaló el peronismo nuevamente en el poder, pero ya comienzan a advertirse los trazos gruesos del escenario que se arma con la impronta de Alberto Fernández y de Cristina.
La flamante disputa por la coparticipación porteña y lo que dejó el acalorado debate por la ley impositiva bonaerense ofrecen ejemplos de lo que está sucediendo. La sola difusión de que el Gobierno nacional piensa tomar un punto porcentual de lo que se destina a la capital federal, unos 35.000 millones de pesos, lanzó a un grupo de dirigentes del macrismo, el “lilismo” y el “pichettismo” a cuestionar la supuesta discriminación política a la que se sometería a la ciudad de Buenos Aires, citando el antecedente de un discurso de Cristina en el que comparó el presupuesto de La Matanza con el del distrito porteño argumentando que “a algunos les falta, a otros les sobra”.
Pero cuando le tocó hablar, el alcalde Horacio Rodríguez Larreta dijo que mantiene la “vocación de diálogo” con el Gobierno nacional. La diferencia entre unos y otros quedó expuesta: los primeros privilegiaron su necesidad política de emparentar a Alberto F. con el “látigo y la chequera” que predominó sobre todo en el último gobierno de Cristina Kirchner (2011-15); Larreta, en cambio, razona como alguien que tiene la responsabilidad de gobernar y sabe que tendrá que negociar.
No es el único, por cierto, que piensa de esa manera en el PRO. Los intendentes Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Néstor Grindetti (Lanús), pasaron por la Casa Rosada en medio de las tensiones por el debate de la ley impositiva bonaerense. Ambos recibieron allí el mensaje de Alberto F. para que intentaran un acercamiento de posiciones con el gobernador Axel Kicillof. Pero en los hechos, se toparon con la intransigencia de los legisladores propios y de los funcionarios provinciales.
Los que actuaron con moderación, empezando por el Presidente –a quien Cristina le pidió que se involucrara para ayudar a Kicillof- y siguiendo por los intendentes opositores –entre ellos algunos de la UCR-, quedaron atrapados en la lógica de los que buscaban la confrontación. El resultado también quedó a la vista: la ley fue sancionada pero no dejó satisfecho al Gobernador; y la oposición contuvo la avanzada oficialista pero no logró todo lo que aspiraba para aliviar al sector agrario.
Las disputas políticas no se libran sólo entre oficialistas y opositores, sino que tienen un paso previo en la interna de cada fuerza, aunque sea en forma solapada. El viernes, en San Fernando, ocurrió un incidente menor pero que reflejó lo que sucede en el peronismo. Militantes del Movimiento Evita irrumpieron en un cuartel de bomberos donde iba a presentarse Alberto F. No tenían invitación al acto, tal vez por viejas disputas territoriales, pero entraron a la fuerza.
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La seguridad presidencial se vio desbordada y el encuentro no comenzó hasta que los militantes se tranquilizaron. “Unidos llegamos, unidos vamos a construir el Gobierno”, aseguró más tarde Alberto F. desde el escenario donde se presentó el programa “Argentina Hace”, que consiste en un plan de obras públicas de ejecución rápida con el que el Estado nacional intentará dinamizar el empleo en el sector de la construcción, como se anticipó en esta columna la semana pasada.
La transferencia de recursos nacionales a la provincia de Buenos Aires, en especial al Conurbano, es otra de las características de las primeras semanas de Alberto F. en la Casa Rosada. En materia social, la tarjeta Alimentar inyectará al consumo popular unos 2.800 millones de pesos los terceros viernes de cada mes. El plan de empleo, entregado a cooperativas, destinará a la Provincia unos 4.000 millones de pesos. Es probable que todo se financie con la quita de coparticipación a la capital federal.
Se percibe una incipiente estrategia para construir poder propio en el Gran Buenos Aires más allá de la influencia que puedan tener en ese aglomerado Kicillof y Cristina Kirchner.
El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, es uno de los hombres del Presidente abocado a esa tarea. Lo mismo ocurre con intendentes como Juan Zabaleta (Hurlingham). Ambos participaron en 2017 de la fallida campaña de Florencio Randazzo, junto al propio Alberto F. Las lealtades entre ellos van más allá del éxito electoral. En el acto del viernes, Katopodis invocó en cinco oportunidades al Presidente, pero sólo le dedicó una mención al gobernador Kicillof.
Son sutilezas políticas, que no agitan el avispero oficialista pero que van trazando caminos. Algo parecido sucede con los gobernadores. Alberto F. abrió la chequera con varias provincias que tienen serias dificultades financieras, todas ellas del PJ por el momento. Pero no se descarta que haga lo mismo con algunas gobernadas por la oposición, como es el caso de Jujuy con el radical Gerardo Morales.
Por el despacho del ministro del Interior, Wado de Pedro, desfilaron casi todos los gobernadores, pero hay uno que no lo hizo y que probablemente no lo hará: el cordobés Juan Schiaretti, quien gestiona la provincia tal vez más opositora del país. Los diputados cordobeses se mantienen aparte de los bloques del Frente de Todos en el Congreso. Y el propio Schiaretti tiene un diálogo con las entidades del campo que el Gobierno no logra encauzar tras el aumento de las retenciones. Pero el gobernador cordobés es, como Alberto F., un político pragmático.
Felipe Solá, mientras, acaba de regresar al país tras una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en México. Allí ratificó que la relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador puede ser considerada la de un aliado de la Argentina, pero al mismo tiempo recibió un pedido para que se abra el mercado automotriz a las terminales mexicanas. Una cosa es la amistad política, parece, y otra el comercio exterior.
La “tercera posición” que intenta desplegar el Gobierno en política exterior se puso de relieve. Así, la Cancillería pasó de condenar el avasallamiento del parlamento venezolano por parte del presidente Nicolás Maduro, a retirarle el permiso a la embajadora del titular de la Asamblea, Juan Guaidó, en la Argentina. No ignoró los desastres de Maduro pero hizo un gesto para el kirchnerismo duro. Además, surgió un tema espinoso con la declaración del ex funcionario iraní en Buenos Aires y uno de los sospechosos del atentado a la AMIA, que ahora afirmó que al fiscal Nisman “lo mataron”. En el oficialismo primó el silencio de radio sobre lo dicho por Mohsen Rabbani.
Alberto F. acaba de confirmar la designación de Jorge Argüello como embajador en Washington, a la cabeza de un equipo que tendrá participación en los organismos multilaterales: Sergio Chodos desembarcará en el FMI como representante del Cono Sur; Cecilia Nahón irá a la junta directiva del Banco Mundial y Guillermo Francos hará lo propio en el BID. El trabajo de todos ellos será seguido desde Buenos Aires por Gustavo Béliz, quien tiene un papel relevante en el Gobierno.
La presencia de Béliz le otorga al Presidente un matiz diferenciador de Cristina. Habrá que ver, sobre la marcha, si su plan para reformular la Justicia federal no choca con los intereses del kirchnerismo. En todo caso, el oficialismo está aprendiendo a comportarse como una coalición, pese a que el peronismo tiene tradición de acumular el poder en la figura de un conductor. Hasta el momento, el liderazgo es bifronte y oscila entre dos actitudes aparentemente distintas.
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