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Analizan reducir penas y excarcelar por el desborde en los penales

Si bien en Justicia dicen que no hay un número en análisis, organismos de DDHH hablan de hasta 15 mil posibles salidas

Analizan reducir penas y excarcelar por el desborde en los penales

crece la Inquietud por la superpoblación carcelaria/archivo

18 de Enero de 2020 | 03:09
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Detenidos alojados en cárceles y comisarías de la Provincia podrían ser excarcelados para cumplir sus condenas con medidas alternativas a la prisión, con el objetivo de descomprimir la superpoblación que se registra en Servicio Penitenciario Bonaerense, donde la cantidad de presos duplica largamente las plazas para alojarlos.

La medida, que viene siendo planteada en resoluciones judiciales, forma parte de los temas que se abordarán en la mesa de diálogo con familiares de detenidos, sectores del Poder Judicial, organismos de Derechos Humanos y la Iglesia Católica creada por el gobierno de la Provincia. Y aunque todavía está en estudio, se adelantó que alcanzaría a sectores de la población carcelaria en condiciones de cumplir su condena fuera de las unidades, como enfermos, personas de avanzada edad y madres con hijos.

Además, se avanzará con la descompresión de las comisarías, donde hay unos 4 mil detenidos en sólo mil plazas.

ENTRE 10 Y 15 MIL

Desde la Comisión Provincial por la Memoria dijeron que el número de detenidos que podría ser excarcelados es de entre 10 mil y 15 mil. Fuentes del Ministerio de Justicia de la Provincia aclararon que no hay “ningún número sobre la mesa de discusión” y explicaron que si bien en la Mesa de Diálogo se discutirán propuestas “la decisión de excarcelar o disponer medidas alternativas como el monitoreo electrónico, es de los jueces”.

“Tenemos la superpoblación penitenciaria más alta en la historia de Argentina. Nunca hubo un servicio penitenciario de ningún otra provincia que haya tenido una superpoblación del 110 por ciento”, dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Julio Alak, cuando anunció la creación de la Mesa, que el próximo 6 de febrero se reunirá con familiares de detenidos dentro de alguna de las unidades carcelarias.

En la provincia de Buenos Aires hay 49.567 detenidos alojados en cárceles con una capacidad total de 24 mil plazas, según explicó el gobernador Axel Kicillof al momento de asumir.

La superpoblación en comisarías es aún más grave, ya que llega al 160 por ciento. La situación derivó, en los últimos días del año pasado, en una huelga de hambre que se extendió a más de 30 de los 60 penales bonaerenses.

Según los tribunales bonaerenses y los organismos de derechos humanos como el CELS, la Comisión Provincial de la Memoria y la CIDH, en la Provincia hay una “crisis humanitaria” en esta materia.

La necesidad de excarcelar detenidos para descomprimir la superpoblación carcelaria de la Provincia fue planteada el año pasado en una resolución firmada por el Defensor de Casación Penal de la Provincia, Mario Coriolano, en la que exhortaba a buscar medidas alternativas de encierro.

También la Suprema Corte intervino con una resolución en la que pidió a los jueces bonaerenses que hagan un “uso razonable” de la prisión preventiva al considerar el “gravísimo panorama de las condiciones de detención”.

PROHIBICIÓN

El Tribunal subrayó “la absoluta prohibición” de alojamiento de menores y enfermos en dependencias policiales, a lo que debe añadirse las mujeres embarazadas.

“Las medidas de libertad anticipada, como la condicional por ejemplo, son una de las propuestas en estudio” confirmó ayer Rodrigo Pomares, de la Comisión por la Memoria, que integra la Mesa de Diálogo. “La otra es sacando a las personas que no deberían estar detenidas ni en cárceles ni en comisarías: enfermos graves, mujeres con hijos, personas con edad… hay una serie de colectivos dentro de las unidades carcelarias y de los destacamentos policiales que no deberían estar”.

“Lo que se trata es de hacerlo de una manera razonable, no se trata de abrir la puerta y que salgan 10 mil o 15 mil personas, que es más o menos lo que se reconoce que estarían en condiciones de poder salir. Sino de generar progresivamente con medidas a corto, mediano y largo plazo, un sistema racional”, afirmó Pomares. Y explicó: “El número de 10 mil o 15 mil personas lo está diciendo la Justicia, lo señaló un informe del Tribunal de Casación”.

 

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