Los fiscales provinciales sin la obligación de apelar las excarcelaciones

La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense relevó ayer a los fiscales de la obligatoriedad de recurrir las medidas que impliquen dejar sin efecto medidas de coerción de detenidos o que rechacen el pedido de prisión y les pidió analizar cada caso en particular.

La medida está contenida en la Resolución 56 publicada por el procurador Julio Conte Grand en la que consignó que “los fiscales deberán analizar en cada caso particular la pertinencia de articular instrumentos recursivos respecto de decisiones jurisdiccionales que rechacen o dejen sin efecto medidas coercitivas”.

Y, aclaró que ello debe hacerse “con legitimación plena en defensa de los intereses de la sociedad y en resguardo de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales”.

La medida adoptada por Conte Grand es parte de una serie de acciones que se complementa con las del gobierno provincial y que apuntan a aliviar la superpoblación carcelaria bonaerense que provocó una huelga de hambre de casi 15 días de unos 9.000 internos.

En diciembre, el procurador dispuso también que los fiscales y defensores reevalúen las medidas de coerción cuando impliquen trato cruel, inhumano o degradante y ordenó que controlen los tiempos de la prisión preventiva de detenidos para que se resuelva oportunamente la situación de esas personas.

También pidió que utilicen “todas las modalidades que prevé la ley en materia de morigeración de prisión preventiva o sus alternativas, siempre que sea posible de acuerdo a cada caso en particular”.

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Además, ordenó a los miembros del Ministerio Público Fiscal (MPF) a extremar los controles de la prisión preventiva para que se resuelva en el tiempo oportuno la situación de las personas que se encuentran bajo esta medida.

LA SUPERPOBLACIÓN CARCELARIA

Ante la superpoblación carcelaria en la Provincia - que excede el ciento por ciento la capacidad de alojamiento- el ministerio el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, anunció la creación de una mesa de Diálogo que se reunirá con internos y familiares en los centros penitenciarios de Buenos Aires.

La apremiante situación en las 60 cárceles bonaerenses quedó revelada en el último informe del tribunal de Casación Penal. Hay encarceladas (o en dependencias policiales) más de 50 mil personas para una capacidad de 25 mil cupos. El régimen está virtualmente colapsado. Según el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, “nunca hubo un servicio penitenciario en ninguna provincia que tenga una superpoblación del 110 por ciento.

En 19 días hábiles de gestión ya se logró normalizar la provisión de alimentos, de medicamentos y crear una mesa ejecutiva para evaluar el dramático problema”, explicó el ministro provincial. Hasta el ministro de Seguridad bonaerense actual, Sergio Berni, se involucró con la propuesta de conmutar un año de pena del recluso por cada año de trabajo dentro del penal.