La Justicia rechazó una cautelar del Colegio de Odontólogos de La Plata

La medida fue solicitada en la Justicia por la agrupación OELA (Odontólogos en Lucha), luego de desplazar a la presidenta (del Colegio), Natalia Weiler, que había sido elegida para ocupar el cargo y que denunció un golpe institucional.
    
La jueza María Ventura Martínez rechazó el planteo de la entidad, realizado con el patrocinio letrado del Dr. Marcelo David, que buscaba evitar que odontólogos que realizaron cobros indebidos durante la pandemia, sean sancionados por las obras sociales y empresas de medicina prepaga.

El Colegio realizó los planteos contra las entidades gremiales que nuclean a profesionales en La Plata, Berisso y Ensenada, que buscaban lograr la registración de los contratos y limitar la atención de los pacientes que tienen obras sociales o empresas de medicina prepaga.

La jueza remarco que no se cumplieron los requisitos legales para que el planteo prosperara y decidió “resolver desfavorablemente el pedimento cautelar”, preservando así la fuente laboral de los trabajadores del sector.

El rechazo se da en medio de una crisis institucional dentro del Colegio y de las denuncias realizadas por la Dra. Natalia Weiler, quien fue desplazada del cargo luego de una reunión de la junta directiva que derivó en un escándalo y en la que se negó el acceso a los odontólogos que querían participar.

Este hecho que provocó su salida, fue calificado por Weiler como “un golpe de estado a la democracia del Colegio” y agregó que lo más preocupante es “la inacción del Consejo Superior avalando esta práctica”. 

Según contó la ex presidenta, “OELA tomó al Colegio como un comité militante anti institución, liderado por un letrado. Es evidente que desde el Colegio quieren manejar los convenios y que las gremiales no existan más”, remarcó.

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QUÉ DICEN DESDE EL COLEGIO

Desde la entidad de ley aclararon que lo resuelto se identifica en forma concreta con el pedido -cautelar previo a la sentencia de fondo que debe expedirse sobre la obligatoriedad del registro de contratos- formulado por el Colegio que nuclea a los odontólogos del distrito, que tenía como finalidad resguardar a los asociados y agremiados de pretensas sanciones por parte de las entidades intermedias SOLP (Sociedad Odontológica de La Plata) y AOB (Agremiación Odontológica Berisso – La Plata – Ensenada) hasta que se dicte la sentencia que los obligue a registrar y mostrar los contratos y acuerdos que celebraran con las obras sociales, prepagas disponiendo el modo de prestar y abonar los servicios y prestaciones odontológicas.
    
La Oda. Marta Secreti a cargo de la presidencia de la entidad, recordó que los odontólogos conforme el Colegio Provincial (Resoluciones 6 y 7 de ese organismo provincial) deben tener una cobertura de un costo de elementos de protección personal que se identifica a la fecha con 2500 pesos, dentro de los cuales se comprende los materiales sanitarios de protección, la sanitización y limpieza de los consultorios, así como su ventilación conforme a los protocolos provinciales de atención, indispensables cumplir a los fines de evitar ser la odontología un vector de contagio. Por ende el Colegio no defiende cobros indebidos, en todo caso defiende que el odontólogo cumpla con las resoluciones del Consejo Superior, a los fines de ponerse en riesgo, exigiendo a las entidades intermedias y obras sociales que adecuen sus aranceles y costos de EPP.

También se puso en conocimiento que no se conocen los convenios ni los contratos, al extremo que por ejemplo la SOLP ubica unilateralmente al EPP en $ 250 -solo un 10% del costo que por norma deberían cubrir-. Lo que el Colegio busca es que los odontólogos no sean “empujados” a atender por aranceles y pagos que no cubren ni los aranceles mínimos y legales, ni dando cobertura a los costos necesarios para protegeré de las enfermedades como el COVID 19. Se aclaró incluso, que no se busca limitar las atenciones, sino que los convenios se adecuen a la legalidad, buscando proteger a los afiliados pacientes, quienes a la fecha son atendidos en condiciones que no son las exigidas por el Colegio Provincial. 

La propia Oda. Secreti aclaró que el Colegio busca bajo toda circunstancia y órbita, como obligación de ley que le corresponde, proteger a sus matriculados frente a tan tremendo escenario de pandemia, donde los acuerdos de las entidades intermedias y las obras sociales no cubren ni los aranceles ni los medios protección personal para evitar contagios. Los odontólogos no pueden ser la variable de ajuste, menos en un escenario de tremenda, pública y notoria crisis sanitaria. Buscamos que los convenios se registren, y esa es la petición de fondo que a la fecha la jueza no ha resuelto, y a partir del acceso por parte del colegio a los convenios, el mismo podrá controlar la legalidad de los mismos como lo indica en forma indubitada el Reglamento de Registro de Contratos. La salud bucal no puede ni debe ser entendida como un negocio, remarcaron desde el Colegio. 

 Según la oda Secreti el Colegio en caso de advertir abusos o persecuciones por parte de las entidades intermedias a los agremiados o asociados no dudará en recurrir a la justicia su protección, tantas veces como las circunstancias lo ameriten. Remarco que lo importante es imponer con la justicia la obligatoriedad indudable del registro de los contratos para evitar que las entidades intermedias se sigan evadiendo del control legal del colegio como órgano de ley y a cargo indelegable de dicha función.

 Por último informaron a este medio, que la Jueza Ventura Martinez dispuso una audiencia de conciliación entre las partes, por advertir que se encuentra en riesgo hasta el dictado de la sentencia de fondo la propia salud pública.