Dura réplica del presidente de la Corte: “Soy blanco de una campaña de desprestigio”

En las últimas horas subió la tensión entre el oficialismo y la Corte Suprema de la Justicia. El blanco principal de los ataques desde el kirchnerismo es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, quien ayer salió a defenderse de las acusaciones en su contra que incluye un pedido de juicio político de una diputada del Frente de Todos. Pero ayer un legislador con llegada a la vicepresidenta Cristina Kirchner avanzó contra todos los miembros asegurando que el actual tribunal “está agotado” (ver aparte).

Rosenkrantz, que volvió a dejar el perfil bajo para contestar las acusaciones en su contra, aseguró que son “completamente infundadas”, sostuvo que nunca incumplió “deber funcional alguno” y se consideró “blanco de una persistente campaña de desprestigio”.

El presidente del máximo tribunal se pronunció así en una carta pública, luego de que se conociera el pedido de juicio político en su contra formulado por la diputada nacional del Frente de Todos, Vanesa Siley.

La legisladora apoyó su planteo en la actuación de Rosenkrantz en la causa de la “Noche del Apagón” del Ingenio Ledesma y en los “compromisos políticos y económicos” del magistrado “con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar”.

“Hace tiempo soy blanco de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades. Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza”, escribió Rosenkrantz en la nota que difundió en la víspera.

LAS ACUSACIONES

Por ejemplo, en ese texto, cuestionó la veracidad de imputaciones realizadas por el Juzgado Federal 4 en cuanto a que él posee “71 cuentas en el exterior”, a su nombre, “para cobrar sobornos en numerosos paraísos fiscales”.

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“Antes enfrenté otras dos acusaciones penales: una por el delito de prevaricato por haber firmado el fallo ‘Muiña’ (en el que se discutía la aplicabilidad de la ley denominada del 2x1) y otra por ser partícipe durante el tiempo en que ejercía la profesión de abogado en una quiebra fraudulenta de una empresa que tenía una franquicia de una hamburguesería en Pinamar y Villa Gesell. Ambas fueron desestimadas por el juez Rafecas”, detalló.

“Ahora una diputada oficialista presentó un pedido de juicio político en el que considera configurada la causal de mal desempeño que habilitaría la apertura del procedimiento en la Cámara de Diputados para investigar esos hechos y, en su caso, avanzar con mi destitución”, agregó.

Entre otras objeciones, Rosenkrantz señala que Siley lo acusa de haber frustrado “gravemente el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución al haber favorecido y muchas veces asegurado la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado mediante sentencias contrarias al derecho vigente”.

“Es curioso que se me acuse ahora por la sentencia de ‘Muiña’, que fue dictada hace tres años y que también firmaron otros dos jueces”, advirtió en su carta Rosenkrantz.

En 2017 hubo tres pedidos de juicio político a los jueces de la Corte Suprema Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti, por parte de diferentes bloques de diputados, relacionados con el fallo del máximo tribunal por el 2x1 a represores.

“Contrariamente a lo que afirma la diputada denunciante, los lineamientos jurídicos defendidos en mis decisiones sobre el 2x1 (tanto en ‘Muiña’ como en ‘Batalla’) encuentran su apoyo en la Constitución Argentina, en el derecho interamericano y el derecho internacional de los derechos humanos. Los argumentos están en los fallos y no quiero repetirlos aquí”, sostuvo el magistrado.

También, Rosenkrantz aludió a la causa Blaquier, un expediente que -dijo- “está en trámite”, que tuvo en estudio sólo “en 2 oportunidades” y para el cual además consideró “completamente absurda” la hipótesis de que pesaran en su actuación como juez los vínculos laborales de su esposa con un sobrino del acusado.

“Tal como surge del Sistema de Gestión Judicial (LEX 100), el expediente ingresó a la Corte Suprema el 5 de junio de 2015, es decir, más de un año antes de mi incorporación como Ministro el 22 de agosto de 2016. Por otro lado, tuve la causa en estudio en dos oportunidades: del 2 de mayo de 2019 al 11 de julio de 2019 y luego entre el 5 de agosto de 2019 y el 15 de noviembre de 2019”, indicó.

Añadió que, “al devolver el expediente el 15 de noviembre de 2019 solicité a la Secretaría Judicial 3 que la causa siguiera su trámite”.

“No volví a solicitarla y no hubo obstrucción de ningún tipo. De los 53 meses que transcurrieron con el legajo en la Corte, la causa solo estuvo en mi Vocalía menos del 10% del tiempo total”, manifestó el juez en su carta de 5 carillas que envió a un grupo de medios.

Desde el kirchnerismo ven la “mano” de Rosenkrantz en la decisión de aceptación por parte de la Corte del per saltum que definirá con una cuestión de fondo el destino de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, desplazados en el Senado mediante la mayoría que tiene el oficialismo en la Cámara alta, que conduce la Vicepresidenta.

Lo cierto que desde ese sector del partido gobernante -aunque hubo también críticas del presidente Alberto Fernández contra Rosenkrantz- tiran cada vez más de la cuerda en su larga pelea con la Justicia, a quien Cristina no pudo reformar en su gestión.

“Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y otros delitos”

“Es curioso que me acusen ahora por una sentencia, que fue dictada hace tres años”