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El juez Lavié Pico falló que el cuerpo tiene potestad para definir su funcionamiento. Esta tarde tratan otro proyecto en forma remota
La Cámara baja seguirá sus sesiones con pocos presentes / Web
La Justicia rechazó un amparo presentado por el interbloque de Juntos por el Cambio contra la prórroga de las sesiones remotas en la Cámara de Diputados, en una decisión que argumentó en la negativa a “avanzar en torno a una cuestión privativa de otro poder del Estado”. Así, consideró que el Congreso tiene la potestad de definir su funcionamiento de manera independiente.
El fallo del juez Enrique Lavié Pico, del fuero Contencioso Administrativo Federal, convalidó la sesión del 1 de septiembre, que se realizó en medio de una controversia entre la coalición gubernamental Frente de Todos y la principal bancada opositora.
Según pudo saber EL DIA, JxC prepara una apelación al fallo, que lo obliga a pagar las costas de la denuncia.
El interbloque opositor judicializó la prórroga que decidió la Cámara baja en su sesión de principios de septiembre, luego de protestar en el recinto y advertir, a través de su presidente, Mario Negri, que se “impugnaría” la prórroga por todas las vías, incluida la judicial. En los pasillos del Congreso recordaban ayer que la Coalición Cívica pidió la remoción del juez Lavié Pico en 2017.
El pedido de amparo fue firmado por Negri, presidente del bloque de la UCR y del interbloque de JxC; por el titular del bloque PRO, Cristian Ritondo; de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; y los diputados Pablo Tonelli, Mariana Stilman y Alberto Menna, todos opositores. Ayer eran justamente Tonelli y Menna los encargados de redactar la apelación al fallo de Lavié Pico.
El juez determinó que “no corresponde al Poder Judicial intervenir y modificar la votación y decisión de cuestiones que son propias de los órganos correspondientes; en el caso, lo dispuesto por la H. Cámara de Diputados de la Nación”. El magistrado aclaró que para otorgarse el acto de la autoridad pública impugnado debe estar “viciado de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta”.
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Lavié Pico recordó la “gravísima situación sanitaria” del país al momento de extenderse las sesiones virtuales y concluyó que “no se advierte acreditada la existencia de un gravamen -apoyado, como se expuso en las irregularidades y nulidades que denuncian- a un interés jurídico tutelable, al no haberse afectado ninguna de sus prerrogativas propias del cargo”.
El magistrado rechazó la responsabilidad que los diputados de JxC asignaron al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, por su condición de “ausentes” en la sesión: “El Presidente de la HCDN, en diversas oportunidades, requirió a los amparistas y demás integrantes de la Cámara de Diputados que debían ‘loguearse’, sin embargo algunos/as decidieron no hacerlo”, sostuvo.
El pedido puntual de los legisladores opositores fue que “se declare la nulidad absoluta e insanable de la decisión de la Comisión de Labor Parlamentaria del 1/09/20, que dispuso la prórroga del Protocolo de Funcionamiento Parlamentario Remoto”, luego refrendada en el recinto. “Dicha decisión carece del consenso necesario para su validez”, argumentaron.
Tras la judicialización de la sesión del 1 de septiembre, las principales bancadas de la Cámara baja acercaron posiciones y acordaron la continuidad de las sesiones remotas, pese a lo cual JxC se reservó el pedido de reunirse en forma presencial para tratar proyectos controversiales, como el Aporte Solidario o impuesto a las grandes fortunas; la reforma judicial y el Presupuesto 2021.
La Cámara baja tratará esta tarde la Ley de Economía del Conocimiento, con beneficios fiscales a empresas del área tecnológica; y una iniciativa que brinda protección jurídica a los laboratorios que suministren la vacuna contra el coronavirus. También jurará Alcira Figueroa en reemplazo de Juan Ameri, quien quedó en medio del escándalo junto a su pareja en la última sesión virtual.
Por otra parte, la Cámara Nacional Electoral estableció, a través de una acordada extraordinaria, un estricto protocolo destinado a habilitar a los partidos políticos a realizar reuniones o congresos de modo virtual, en el marco de las restricciones dispuestas por el Gobierno por la pandemia de coronavirus, y fijó las pautas para la validez legal de esos encuentros.
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