La posibilidad o no de convertirse en una “carga pública” como beneficiario de ayudas gubernamentales es desde ayer un requisito que deberán sortear los inmigrantes que soliciten un visado a EE UU o que deseen obtener su tarjeta de residencia permanente, conocida como “green card” (tarjeta verde).
Después de meses de una intensa pulseada judicial y en pleno año de elecciones, el gobierno del presidente Donald Trump empezará a aplicar la norma de “carga pública”, que puede darle un vuelco al sistema de inmigración actual hacia uno basado en criterios como ingresos, edad o la capacitación del inmigrante.
La medida entró en vigor en todo el país en tanto siguen en proceso las apelaciones pendientes y después de que el viernes pasado el Tribunal Supremo levantara una exclusión que estaba vigente para Illinois. La norma no será retroactiva ni se aplicará a quienes soliciten la ciudadanía. También excluye a refugiados, asilados, a personas con amparos migratorios como el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) o a quienes posean cierto tipo de visas que se conceden a víctimas de violaciones de derechos humanos, entre otros.
INMIGRACIÓN VS. CARGA PÚBLICA
Si bien la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 ya contemplaba el concepto de carga pública a la hora de otorgar una visa o ajuste de status migratorio a un extranjero, los expertos advierten que la vuelta de tuerca que dio Trump puede cambiar el sistema de migración del país.
A la luz de la nueva reglamentación, un inmigrante legal será definido como “carga pública” si recibe “uno o más beneficios públicos” durante más de 12 meses en un período de 3 años. Pero este concepto también se tendrá en cuenta para determinar quiénes podrían llegar a necesitar en el futuro algún tipo de asistencia.
Para determinar si una persona puede obtener la residencia permanente, extender su estadía o ser admitida en el país, se tendrán en cuenta aspectos como la edad -lo que puede excluir a menores o ancianos-, salud, estatus familiar, activos, recursos, situación financiera, educación y capacitación. (EFE)
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