Crean un fondo solidario por la pandemia con el 20% del sueldo de jueces y funcionarios

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia anunció hoy la creación de un "Sistema de Aporte Solidario" con los haberes de jueces y funcionarios de alto rango que se complementará con una serie de medidas de austeridad en el Poder Judicial bonaerense con el objetivo de aportar a la compra de insumos para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

En la resolución firmada por el presidente de la Corte Eduardo de Lázzari y el acuerdo de todos los ministros y del Procurador Julio Conte Grand, se dispone que el Fondo estará constituido con aportes voluntarios que pueden alcanzar un 20% del sueldo básico de los integrantes de la Suprema Corte, los jueces del Tribunal de Casación, de las Cámaras de Apelación y de primera instancia, como también de funcionarios de alto rango del servicio de justicia. En total, son unos 2.600. Lo que se recaude va a ser destinado al ministerio de Salud y a instituciones que trabajen en la atención y contención del COVID-19 en la Provincia.

Los aportes serán voluntarios, ya que sobre los haberes de los magistrados rige el principio de intangibilidad. Pero en el edificio de la Corte estiman que la medida tendrá un alto acatamiento en el universo de los jueces y funcionarios alcanzados.

Además, la Corte decidió adoptar un programa de medidas de austeridad del gasto "tendientes a generar el ahorro de partidas que pudieran complementar el Fondo Soldario. Entre las principales, destaca el congelamiento de la cobertura de cargos  al 31 de marzo "con excepción de aquellas situaciones valoradas por Tribunal como necesarias a la prestación del servicio de justicia". Además, se suspenden las puestas en funcionamiento de órganos jurisdiccionales y dependencias, con excepción de aquellos que cuentan con inmuebles propios o ya alquilados. También se congela la compra de muebles, autos y bienes de capital, el pago de viáticos y movilidad para las comisiones y de horas cátedras en el marco de las actividades del Instituto de Estudios Judiciales, con excepción de aquellas en concepto de cursos dictados mediante modalidad virtual, y de las ya programadas en el marco de la implementación de la Ley “Micaela” de capacitación obligatoria en género.
 
El Tribunal también estableció que los magistrados y funcionarios que tengan teléfonos celulares asignados "deberán reintegrar el importe de las facturas, durante el período que dure la situación de emergencia sanitaria", salvo los dispuestos para los turnos o guardias.