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Pese a los dichos del Gobierno, hay condenados e imputados de delitos graves a los que se les concedió a prisión domiciliaria
El debate por la decisión de liberar presos comunes como una medida preventiva contra la pandemia del COVID-19 ya se metió en la sociedad, generando rechazos y hasta cruces entre integrantes del propio oficialismo.
Y hay una voz, que en rigor son varias, que tiene mucho peso aunque no sea escuchada por todos y que es la de las víctimas, en aquellos casos que pueden expresarse, o la de sus familiares. La inmensa mayoría no está de acuerdo con que los autores de los delitos que los convirtieron en víctimas cumplan con prisión domiciliaria por considerar que es un proceso que los revictimiza, tal como señalara hoy la ministra de Justicia, Marcela Losardo.
En las últimas horas hubo varias expresiones en ese sentido a través de las redes sociales y una de ellas fue la de la familia de Juan Pedro Tuculet, asesinado en marzo de 2013 en Villa Elisa. Juan Pedro jugaba al rugby en Los Tilos y ahora los papás y hermanos del joven no quieren que queden libres quienes apagaron su vida.
Si bien se dijo que la salida de presos no iba a incluir a aquellos que hubieran cometidos delitos graves como homicidios o violaciones, lo cierto es que entre los cientos de reclusos que ya salieron de la cárcel para cumplir arresto domiciliario hay imputados por violaciones y condenados por asesinatos.
Son los casos de Héctor Julián Barroso, de 62 años, condenado a 25 años de prisión por los asesinatos en 2004 de Analía Fuschini y Verónica Juárez Roger.
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Walter Sinesio Moreno es un ex juez que recibió prisión perpetua por el asesinato de un comerciante en 2008, en La Rioja. Recibió la prisión domiciliaria por integrar uno de los grupos de riesgo.
Diego Arduino es otro de los que recibió el beneficio pese a cumplir una condena de 16 años en Mendoza por homicidio.
Otros reclusos que fueron beneficiados son Pedro Olmos, acusado de violar a una nena de 13 años en Lomas de Zamora, quien cumplirá con el arresto en una vivienda ubicada a pocos metros de donde vive la víctima, mientras que Antonio Di Palma estuvo seis meses detenido por abuso sexual agravado y la Justicia de San Martín le otorgó la posibilidad de estar preso en una vivienda alejada de su víctima.
Hoy se llevará adelante un cacerolazo para rechazar la liberación de presos, sin violar la cuarentena implementada por el Gobierno nacional.
El mensaje que da vueltas por las distintas redes invita a hacer sonar las cacerolas a partir de las 20hs., "en todo el país". "Salgan a sus balcones, ventanas, jardines, siempre respetando la cuarentena de cada zona. Hagamos ruido que tiemble el país y resuene en todos lados. No a la liberación de los presos", concluye el texto, invitando a difundirlo para que se viralice aún más.
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