El homicidio del joven Lucas Verón (18) que el viernes pasado fue asesinado de un balazo tras una persecución policial en González Catán (La Matanza), en el que resultaron acusados dos policías que se encuentran detenidos, acusados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego –en un episodio que ocurrió cuando la víctima volvía de un kiosco en donde había comprado bebidas y se dirigía en moto, a su casa, junto con un amigo, para festejar su cumpleaños-reclama no sólo el esclarecimiento y la correspondiente condena de los responsables, sino una profunda revisión de la formación de los miembros de la Policía.

Lo que se pudo determinar hasta ahora es que es que lo jóvenes fueron perseguidos por un móvil del Comando de Patrullas en el que iba una pareja de policías. Según las fuentes, el patrullero impactó por detrás al rodado, los jóvenes cayeron al piso y comenzaron a correr en dirección a su casa ubicada a una cuadra y media. El agente que manejaba el patrullero habría bajado del móvil y realizado entre dos y tres disparos, uno de los cuales impactó en Verón, añadieron las fuentes. El joven continuó corriendo pero a unos 20 metros cayó al piso gravemente herido y fue llevado a un hospital de González Catán, donde murió a consecuencia de las heridas recibidas. Las fuentes indicaron que los policías huyeron del lugar.

El más cercano antecedente, relacionado al presunto desempeño de integrantes de la Policía, corresponde al caso de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, el joven que fue visto por última vez el 30 de abril pasado luego de salir de su casa ubicada en la localidad bonaerense de Pedro Luro y cuyo último rastro es acta de infracción a la cuarentena que habrían labrado policías de la provincia de Buenos Aires.

Estos tipos de episodios, tan frecuentes, además de originar justificadas protestas e indignación, debieran reabrir un debate sobre la debida capacitación de los uniformados en la fuerza policial de la Provincia. En cuanto a la muerte de Verón, se ha conocido que ella eleva a 50 la cantidad de personas abatidas en lo que va del año por disparos de la Policía bonaerense, en lo que resulta ser una cifra que supera a la media anual de 47 muertes por disparos de armas de la fuerza de seguridad provincial.

¿Quién puede explicar estas tragedias? ¿En dónde quedan las tantas promesas y anuncios realizados en las últimas décadas sobre el profesionalismo y el nuevo paradigma policial?. ¿Son suficientes e integrales los cursos de formación y entrenamientos que se brindan para formar a un policía?

Está muy claro que, para que un individuo se convierta en depositario de la confianza pública, necesita de una adecuada capacitación profesional y de una rigurosa evaluación de sus condiciones psicofísicas. Resultaría prematuro e impropio abrir juicio sobre algún caso en particular, pero no puede dejar de reconocerse que estos trágicos episodios actualizan interrogantes que estremecen a la ciudadanía. Es una obviedad decir que un policía, que está armado en nombre de la ley, debe representar una garantía y no una amenaza para el ciudadano. Cuando se observa una inversión de esos roles esenciales, resulta inevitable una sensación colectiva de temor y desconfianza.

Cabe esperar que estos hechos -sin duda lamentables- se conviertan en motivos de un debate serio y de fondo sobre la profesionalización policial y acerca de la mejor evaluación a la que debe ser sometido todo aspirante a integrar una fuerza de estas características. La experiencia obliga a remarca la necesidad de no incurrir en reacciones espasmódicas sino en trazar un punto de partida para una revisión de fondo, consistente, estructural y -por supuesto- conducente para la profesionalización de los planteles policiales.

Las academias de policía deben recuperar estándares de excelencia técnica y académica. Y para ello debe existir una estrategia de largo aliento, sin los movimientos bruscos y pendulares que caracterizan desde hace ya mucho tiempo a la política de seguridad.