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Dirigentes oficialistas y opositores tuvieron un miércoles caliente en torno a la quita de puntos a la Ciudad de Buenos Aires en el marco del debate de la ley convenio enviada por el Poder Ejecutivo para fijar los fondos nacionales para la policía de la Ciudad.
Al término del encuentro, la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnún, dispuso pasar a un cuarto intermedio para mañana a las 13.
Fuentes parlamentarias informaron que no se descarta emitir dictamen mañana para que el proyecto pueda ser tratado en el recinto la semana próxima.
En el plenario de hoy de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto, funcionarios del Ministerio de Seguridad brindaron precisiones sobre el convenio de traspaso firmado por la Nación y la Ciudad en 2016 y marcaron la ausencia en ese documento de informes técnicos sobre los recursos a traspasar.
El secretario de Articulación Federal de la Seguridad del Ministerio que encabeza Sabina Frederic, Gabriel Fuks, sostuvo que el traspaso de 19.953 efectivos y efectivas de la policía federal a la CABA "no es un castigo a los porteños" sino parte de "ratificar la autonomía de la Ciudad". Agregó que el convenio, que se firmó el 5 de enero de 2016, no incluyó "ningún tipo de información contributiva y técnica".
"Está bien, habían ganado las elecciones hacía muy pocos días, había una capacidad política de imponer agenda. Ahora están reclamando una capacidad de información, que por supuesto estamos aquí para dar, pero que nadie reclamó en ese momento", declaró.
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El funcionario respondió de ese modo cuestionamientos del senador de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, quien se quejó, durante la videoconferencia, de la falta de respuestas de los funcionarios a preguntas puntuales.
"Si quieren discutir números, traigamos todos los números, las actas, lo que se firmó y lo que se traspasó y discutamos bien, no nos están presentando ningún número y todas las evidencias que tenemos es que todos los números están groseramente subestimados", afirmó.
El senador de Evolución-UCR cuestionó el cálculo del gasto que busca fijar el oficialismo y aseguró que “está subestimado” y agregó “es mala base (tomar sólo el 2016) para saber cuánto costó lo que transfirió la Nación”.
"Hay una diferencia sobre el punto de partida, por eso creemos que tomar el 2016 es una mala base para saber cuánto costó lo que transfirió la Nación y por eso hay que tomar el 2015 y cuándo lo vemos en ese año se gastó solo en Seguridad Metropolitana y Bomberos es muy superior a los 8.046 millones que están diciendo”, apuntó el porteño.
El secretario de Control del Ministerio de Seguridad, Daniel Fihman, declaró por su parte que el monto fijado para gastos que se destinará a la Ciudad por la transferencia de la policía federal "no constituye una afirmación teórica sobre lo que podrían valer estos servicios en términos de personal y de cada una de las superintendencias" transferidas.
"Por el contrario -agregó- el monto tenía que ver por los gastos que efectivamente correspondieron a la consecuencia del convenio suscripto el 5 de enero de 2016" entre la Nación y la Ciudad para el traspaso de la Policía Federal a la órbita porteña.
El funcionario precisó que "la totalidad de ese monto transferido fue validado por el Gobierno de la Ciudad y alcanzó la suma de más de 8 millones de pesos, entre el 5 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de ese mismo año".
El proyecto fija en 24.500 millones de pesos el gasto anual para seguridad en la Ciudad, en lo que respecta al traspaso de una parte de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad, acordado mediante un convenio que se firmó entre el gobierno de Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en 2016.
Además, establece que ese monto será actualizado de acuerdo con un índice compuesto en un 80 por ciento por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20 por ciento por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad.
Para el senador de PRO, Esteban Bullrich, "hay una incoherencia grande en decir que se respeta la autonomía" y consideró que "no se está discutiendo cuál es la política sino si los fondos que se transfirieron alcanzan o no para pagar los sueldos que se transfirieron".
El constitucionalista Daniel Sabsay advirtió que hubo "una clara violación de la legalidad tributaria que es una regla fundamental del constitucionalismo" y consideró que el presidente Alberto Fernández "se transforma" con esta decisión "en una suerte de emperador en materia tributaria" ya que "dispone de fondos y decide a qué distrito se los envía y para qué".
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