Polémica entre la Comuna y la oposición por una interrupción en la entrega de alimentos

Un nuevo foco de tensión se desató ayer entre el oficialismo y la oposición a nivel local, luego de que trascendiera que el Municipio dejará de repartir alimentos a través de comités de crisis barriales, creados el año pasado a partir del coronavirus.

Se trata de una convocatoria que había impulsado el intendente, Julio Garro, y autorizado el Concejo Deliberante, por el cual se creó el cónclave con 23 células -una por localidad-, integradas por representantes del Ejecutivo municipal, del ministerio de Desarrollo provincial, ediles del oficialismo y la oposición, las Iglesias Católica y Evangélica, gremios y las llamadas organizaciones sociales. El objetivo: realizar un seguimiento de la evolución de la pandemia en los distintos barrios de la Ciudad y las necesidades derivadas de su propagación.

Entre las actividades más difundidas realizadas por estos comités se encontraban las de realizar tomas de temperaturas y concientización de las formas de prevención del COVID-19 en distintos barrios de la periferia, y también la entrega de alimentos, a partir de fondos girados por el gobierno nacional y propios de la Comuna, cuya distribución se gestionaba en cada localidad.

En general, eran las llamadas organizaciones sociales y políticas de cada barrio las encargadas de la distribución o elaboración de ollas populares, a partir de la compra realizada por el Municipio de alimentos frescos y secos (no perecederos), que se entregaban con una regularidad quincenal.

A través de un mensaje de texto telefónico, ayer, varios dirigentes opositores se enteraron de que la entrega de alimentos por parte del gobierno de Garro quedó definitivamente suspendida. Y esto despertó en el peronismo todo tipo de críticas.

El concejal del Frente de Todos, Ariel Archanco, fue uno de los que usó las redes sociales para expresar cuestionamientos: “El Municipio decidió no brindarle más ayuda a los comité de crisis, otra demostración de que el Intendente gobierna para los que más tienen”, lanzó.

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En contrapartida, desde la Comuna, afirmaron ayer que el Municipio realiza la entrega “periódica y constante” de alimentos a “unos 300 comedores”, además de entregar mensualmente 5 millones de pesos de ayuda, a través de la tarjeta “Visa Social”.

Respecto de la interrupción de este tipo de asistencia a través del comité de crisis, su coordinador, Marcelo Leguizamón, explicó ayer que “no fueron creados con el espíritu de repartir alimentos sino con el fin de analizar y seguir de cerca la situación del virus y las distintas necesidades de los vecinos, la cuestión alimentaria la cubre el Municipio por otras vías”.

Indicó, además, que, a través de este comité, se entregaron, alimentos comprados con fondos propios y con partidas provenientes del gobierno nacional por unos 30 millones de pesos.

Y remarcó: “La decisión del Intendente de ninguna manera implica desarmar el funcionamiento de los comités”.

En el peronismo, no obstante, no ocultaron el malestar por esta medida y por la falta de regularidad en la convocatoria de la coordinación central, en atención a que el último encuentro se celebro en noviembre. Fue en el marco de duros cruces con el secretario de Coordinación municipal, Oscar Negrelli, la que, según afirman sus asistentes, concluyó intempestivamente cuando el funcionario se levantó y abandonó la reunión.

“Estamos esperando a que se cumplan los plazos de las fechas de entrega, que serán la semana que viene, para, entonces, decidir qué medida adoptaremos”, dijeron desde la oposición a este diario.

Además de la entrega de mercadería a comedores y de tramitar la tarjeta social, desde la Comuna indicaron que mantienen convenios de trabajo con organizaciones sociales por unos 15 millones de pesos mensuales.

Por otra parte, se remarcó la entrega de 128 mil bolsones de alimentos por mes en concepto del Sistema Alimentario Escolar (SAE), que ejecuta el Municipio y financia el gobierno provincial y que en diciembre fue duplicado para cubrir las demandas de las familias beneficiarias durante el mes de enero.

La decisión desata un nuevo frente de tensión entre Garro y el peronismo local