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“Causas como la de dólar futuro o el pacto con Irán es incomprensible que sigan abiertas”, afirmó el Presidente
El presidente Alberto Fernández sostuvo ayer que causas judiciales como las de “dólar futuro” o la del Memorándum de Entendimiento con Irán es “incomprensible que sigan abiertas” y dijo que en la justicia se sabe de la “debilidad de esas imputaciones”.
“Hace mucho tiempo que lo vengo planteando, aún cuando no estaba en buenos términos con Cristina (Fernández de Kirchner) yo ya planteaba que era algo escandaloso y lo sigo creyendo. Ha llegado el momento en que alguien empiece a revisar lo que ha pasado en justicia”, dijo el mandatario en declaraciones a un canal de cable tras un acto en el Hospital Bicentenario de Ituzaingó.
En ese marco, mencionó dos causas “paradigmáticas, como son la dólar futuro y el pacto con Irán”, en referido al fallido Memorándum de Entendimiento, y consideró que “es incomprensible que estén abiertas esas causas”.
“Hace dos años que están para pasar a juicio oral y no empiezan porque saben de la debilidad de la imputación”, aseveró el jefe de Estado.
Fernández respondió de esta manera cuando fue consultado sobre la presentación que el jueves hizo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante la Cámara Federal de Casación Penal.
En ese marco, la Vicepresidenta aseguró que la causa conocida como dólar futuro se “manipuló al calor del proceso electoral” de 2015 y que con la operatoria de ese tipo de contratos no se le generó ningún perjuicio al Estado, por lo que exhortó a los jueces que deben decidir si se hace el juicio oral o no a que “apliquen la ley”.
“La escuché a Cristina y en parte a Axel (Kicillof) que explicó muy bien la parte técnica”, dijo Fernández, quien -en respuesta a dichos de la oposición- señaló que a Cristina “no se la pueden tratar de mentirosa porque todo lo que dijo es verdad”.
“Cuando se quedan sin argumentos, nos ensucian. Los que no pueden explicar ante la historia son ellos. Les molesta que Cristina les diga la verdad simplemente”, indicó Fernández
En tanto, el Presidente agregó: “Uno puede estar en desacuerdo con una medida política pero no es un delito”. En este sentido, insistió con que “la política debe dejar de judicializarse y la justicia de politizarse”.
“Uno puede estar en desacuerdo que en el ministerio de Salud se haya vacunado gente pero no es un delito. Puede recibir una crítica ética, moral y un cuestionamiento político pero convertir cualquier acción en un delito, es algo que hay que pararlo”, indicó.
Finalmente, dijo que el “mal funcionamiento” de la Justicia se observa actualmente cuando “uno quiere adoptar un chico, cuando una quiebra tarda 20 años en declararse, cuando los femicidios están preanunciados y ningún juez los evita”.
“No hablo de un puñado de casusas sino de la gravedad institucional que esto pasa y tenemos que superarlo”, sostuvo.
Por último, recordó que en su mensaje del 1 de marzo último ante la Asamblea Legislativa le pidió al Congreso que “tome cartas en el asunto” y abundó: “Debe investigar el Congreso, no yo”.
Mientras, la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ángela Ledesma le reclamó también ayer a su colega Gustavo Hornos que renuncie a la presidencia del máximo tribunal penal del país porque se “ha generado un quiebre en la necesaria confianza que debe existir entre los jueces del cuerpo y su presidente”.
El pedido, que se suma al que ya había formulado el magistrado Alejandro Slokar -cercano al kirchnerismo-, ocurre a partir de la crisis que se originó al interior de la Casación luego de que se conociera que Hornos habría visitado “al menos en 6 oportunidades a Mauricio Macri en la Casa Rosada”, cuando todavía era Presidente.
Ledesma detalló en la nota que le envió a Hornos que ya el 19 de febrero le había hecho saber que aquellas visitas a la Casa Rosada –detectadas y difundidas por el diputado oficialista Martín Soria- “implican una cuestión ética insoslayable de significancia institucional que resultan violatorios del Código Iberoamericano de Ética Judicial”.
En dicha ocasión, -recordó- también le transmitió su “preocupación en torno a las dudas generadas sobre su imparcialidad, independencia, responsabilidad institucional, integridad, transparencia y prudencia”.
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