Fallo judicial y desafío de Larreta: “Habrá clases presenciales”

“Mañana (por hoy) tenemos clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires. Los chicos tienen que ir a la escuela como hasta ahora”, anunció anoche el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en una conferencia de prensa en la que se mostró “orgulloso” porque las escuelas permanecerán abiertas, según dijo, “gracias al apoyo y a la movilización de la sociedad”.

Sus palabras llegaron a horas de la entrada en vigencia del decreto presidencial que, entre otras restricciones, suspende las clases presenciales por 15 días en la zona metropolitana como respuesta a la segunda ola de coronavirus y poco después de que la Justicia porteña ordenara mantener la actividad en las aulas hasta tanto la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre el tema. El fallo se conoció al cabo de una semana de fuerte tensión política entre la Nación y la Capital, en medio de sucesivas manifestaciones callejeras pidiendo por la vuelta a las aulas y mientras las autoridades capitalinas aguardan que el máximo tribunal declare “inconstitucional” el cierre de los colegios.

En un domingo en el que la Justicia porteña se movió a la velocidad de un día hábil y poco antes de que se activara una nueva suspensión de la presencialidad escolar, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal hizo lugar a una cautelar presentada por un grupo de padres y dispuso que los alumnos porteños deben concurrir hoy a las escuelas. No obstante, gremios docentes ya anticiparon que no acatarán el fallo y convocaron a un paro por 24 horas. En tanto que el Gobierno nacional apelará el dictamen.

La medida judicial resolvió suspender el Artículo 2 del DNU 241/2021, con el que el presidente, Alberto Fernández, estableció volver a la virtualidad por 15 días en los establecimientos educativos del Área Metropolitana de Buenos Aires -conglomerado que integran la Capital Federal, el Conurbano y el Gran La Plata-.

Para los camaristas, el decreto “vulneraría en forma directa la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y su poder de policía, respecto de materias específicamente locales, como es el derecho a la educación”.

El dictamen de la Cámara

El dictamen unánime del tribunal -integrado por los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli- alertó además que “se modifica la norma pero sin motivarse en datos epidemiológicos concretos sobre el área educativa de la Ciudad que justifiquen razonablemente un nuevo cierre de las escuelas” y advirtió que la suspensión de las clases afectaría “seriamente” el derecho “a la educación de niños, niñas y adolescentes”.

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“La justicia acaba de determinar que en la Ciudad de Buenos Aires debemos garantizar la continuidad de las clases presenciales”, comunicó anoche el jefe de Gobierno porteño, quien defendió la prensencialidad de la educación, algo que, dijo, “no puede ser un motivo para profundizar la grieta”. En ese sentido, y aunque reconoció que ayer no habló con el Presidente, Rodríguez Larreta mostró su predisposición al diálogo y a coordinar esfuerzos con el Gobierno nacional.

El mandatario porteño defendió que cada decisión se basa en la evidencia (por ejemplo, que solo el 0,81 por ciento de la comunidad educativa se contagió de coronavirus) y anunció que se reforzarán los controles en el transporte público, mientras que los alumnos adultos y de terciarios volverán a la virtualidad. El resto (inicial, primario y secundario) irán a la escuela en horarios escalonados.

Celebrado por el Gobierno porteño, el fallo chocó de inmediato con la dura respuesta del Presidente (ver aparte) y de gremios docentes como ATE y UTE, desde donde llamaron a un paro por 24 horas.

Antes de su dictamen, la Cámara de Apelaciones había requerido la opinión de la fiscal Karina Cicero, quien se expresó a favor de los amparos presentados por dos organizaciones no gubernamentales (la agrupación docente Abramos las Escuelas y el Centro de Estudios de Políticas Públicas) exigiendo la nulidad de los alcances del decreto presidencial. Esos planteos habían sido rechazados en primer lugar por el juez en lo Contencioso Administrativo, Marcelo Segón, quien consideró que no debía intervenir y pidió que todo fuera enviado a su par Romina Tesone, que a su vez se declaró incompetente. Pues la magistrada sostuvo que, como la Ciudad acudió a la Corte para resolver la inconstitucionalidad del texto presidencial, debería ser el máximo tribunal el que se expida.

Tras la opinión de Cicero, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones porteña decidió votar por la presencialidad en las aulas, ordenando al Gobierno de la Capital a que “en el marco de su autonomía y competencias propias disponga la continuidad de la presencialidad de las clases en el ámbito del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, conforme la resolución conjunta del Ministerio de Educación y de Salud”. Justamente, ese fue uno de los argumentos centrales de la presentación porteña ante la Corte.