La SIP trató y condenó distintas restricciones a la libertad de prensa

Agresiones contra periodistas y ataques a medios de comunicaciones, así como el acoso judicial con la intención de criminalizar la labor periodística, fueron algunas de las restricciones a la libertad de prensa en Argentina que se analizaron y condenaron durante la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa.

“El 23 de marzo, manifestantes de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) ingresaron al edificio del diario Río Negro, golpearon a un fotógrafo y un recepcionista, destrozaron el mobiliario y pintaron en las paredes frases intimidatorias contra periodistas”, se menciona en el informe de la SIP. Y agrega: “El atropello se produjo tras la cobertura que hizo el medio de un juicio por abuso sexual, en el que está implicado el líder de una facción del sindicato. Efectivos policiales, de una comisaría a pocos metros del diario, se presentaron 40 minutos después de que comenzara el ataque y si bien algunos agresores fueron identificados, no hubo detenidos”.

También se cita que “se registró una serie de avasallamientos en la provincia de Formosa. Restricciones excesivas a la circulación impidieron el ingreso de la prensa a la provincia y se limitaron las coberturas de periodistas locales sobre hechos de violaciones de derechos humanos en centros de aislamiento por Covid-19”.

“El 5 de marzo, durante una manifestación pública contra las restricciones a la circulación, la policía hirió con balas de goma a un periodista y detuvo a otra de manera arbitraria, durante varias horas. A estos episodios se suman actos de amedrentamiento por parte de funcionarios públicos, intimidaciones de las fuerzas policiales y el desconocimiento de resoluciones de la Justicia federal que garantizan la labor periodística”, destaca la presentación.

Acoso judicial

En otro pasaje de la presentación de la SIP se indica que “el acoso judicial fue usado contra los periodistas Daniel Santoro, Diego Cabot e Irene Benito. Denuncias infundadas desde sectores afines al poder o jueces alineados con el kirchnerismo impulsan causas para criminalizar la labor periodística o neutralizar investigaciones”.

“Una jueza ordenó al periodista Santiago O’Donnell, entregar grabaciones sobre las que se apoyan testimonios transcriptos en un libro sobre el hermano del expresidente Mauricio Macri, avanzando sobre el secreto profesional. Un juez federal ordenó la entrega de una copia del registro de cámaras de seguridad al periodista Diego Cabot, para identificar sus fuentes tras la investigación de la ‘causa de los cuadernos’”, se menciona.

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Procesamiento revocado

Por otro lado, resalta que entre las cuestiones positivas que se produjeron, “una Cámara Federal revocó el procesamiento del periodista Daniel Santoro. La Corte Suprema de la Nación anuló el procesamiento de los periodistas Carlos Pagni y Roberto García, por una acusación de espionaje”.

“La postulación del ‘lawfare’, teoría que plantea la existencia de una connivencia entre sectores del periodismo, la política y la Justicia con fines inhibitorios para el periodismo, aparece insistente en afirmaciones del presidente Aníbal Fernández y la vicepresidente de la Nación Cristina Kirchner, entre otros dirigentes del gobierno. Se utilizan comunicaciones telefónicas y reuniones de periodistas con fuentes, como argumento de las tesis conspirativas del oficialismo. Se presentó un proyecto en el Parlamento del Mercosur para convertir en delito al ‘lawfare’ para sancionar a los periodistas que investigaron hechos de corrupción. Bajo ese argumento de confabulación entre prensa y Justicia, se organizó un seminario sobre “guerra mediática” en la Universidad de Buenos Aires, con la participación -ejemplo de ‘víctima del lawfare’- de un ex vicepresidente condenado por corrupción”, afirma la SIP.

También puntualiza que “el episodio más reciente fue la presentación de un dictamen, por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación, en el que se acusa a los medios de ser parte de ‘un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa’. Como ejemplo de las supuestas acciones ilegales de periodistas y medios, los legisladores mencionan ‘seguimientos y espionaje ilegal a ciudadanos, grabación de comunicaciones telefónicas, recolección de movimientos migratorios, utilización de testigos arrepentidos falsamente y bajo presión’”, dice el informe.

Agresiones físicas

La SIP se refirió además a las agresiones físicas sufridas por trabajadores y empresarios de prensa. “Néstor Pavón, propietario de una radio en El Quebrachal, Salta, recibió dos puñaladas propinadas por Isaac Rojas, hijo del intendente de esa localidad. Otro incidente fue el ataque de manifestantes contra Fernando Martínez (Diario Uno), Marcelo Aguilar (La Nación) y María Inés Aimale (TN) en la cobertura de una protesta ligada a un caso de femicidio en la provincia de Mendoza”. “Luciano Román sufrió amenazas intimidatorias por parte del Fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, a raíz de sus artículos publicados en los diarios EL DIA y La Nación. Otros casos son los de Joaquín Morales Solá, insultado por el diputado oficialista Rodolfo Tailhade; el de Analía Alvarez, de la radio catamarqueña Valle Viejo, denostada por la diputada provincial Juana Fernández; y el de la periodista misionera Mariana Chenlo, amenazada por un empleado municipal de Puerto Esperanza”, cita la SIP.