Atropello gremial, Estado espectador y espanto inversor

Fundación Ciencia+Democracia

Como si se tratara de un partido de fútbol, el Estado permanece impávido -una vez más-, ante el atropello de Hugo y Pablo Moyano contra una firma recientemente adquirida por el empresario Francisco De Narváez.

Luego de las últimas derrotas públicas de los Moyano, como Mercado Libre y Parque Industrial Ader, ahora pretenden con el único modus operandi que conocen, el apriete y la violencia, que la empresa Walmart proceda al despido y pago de la consiguiente indemnización de los 500 trabajadores que emplea en la actualidad, para luego realizar su recontratación, procedimiento que no se encuentra regulado en ninguna norma, por lo que lo vuelve ilegal.

La situación es más grave de lo que parece ya que, si bien los accionistas de la nombrada multinacional vienen realizando un repliegue en varios puntos del planeta, en nuestro país han encontrado un socio local. Pero la irracional medida implementada por el Sindicato de Camioneros puede generar un peligroso antecedente que claramente será tenido en cuenta por los inversores, locales y extranjeros, a la hora de hacer sus evaluaciones en cuanto a la viabilidad de los proyectos que vayan a tener en cuenta a la Argentina como escenario de dichas inversiones. El “factor Moyano” agrega un riesgo que muchos no estarán dispuestos a correr, y con ello se esfumarán miles de potenciales puestos de trabajo.

Pareciera poco importarle al representante del Sindicato de Camioneros la actual situación económica signada por la incertidumbre y la angustiante necesidad de consolidar las fuentes de trabajo de la que dependen cientos de familias. Muestra de esto es tambien la embestida contra Marcos Galperin y Mercado Libre de manera irracional, con un concepto básico y limitado esbozo: “Es millonario. Que pague...”, como si ello fuera la causal de todos nuestros males como sociedad, cuando en realidad lo que necesitamos son más y mejores empresarios, emprendedores y/o comerciantes que inviertan en el país.

Aquí aparece nuevamente el Estado presente y onmipotente con un mensaje errático y que pareciera no terminar de ocupar el rol que le corresponde, mostrándose a su vez sus representantes complacientes ante la serie de aprietes perpetrados por el sindicato; es más aún, el dúo camionero (padre e hijo) ha sido vanagloriado y reconocido públicamente por el Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández hace ya casi un año.

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Volviendo a la actuación errática estatal, podemos citar las declaraciones del Ministro de Trabajo que van en sentido contrario a la razonabilidad y legalidad, avalando una suerte de intervención parcial y justificando el accionar del extorsionador hacia su víctima, cuando esboza que “sí bien el reclamo no se encuentra contemplado en ninguna norma (por no decir ilegal), el pago -de existir- “voluntario” resulta en un acuerdo de partes al tratarse de un conflicto de intereses”. Dichas afirmaciones no hacen más que justificar el accionar ilegal con la gravedad que significa quién es el que las comunica. Claramente no nos encontramos ante un conflicto laboral, sino ante un delito, ya que exigir por la fuerza lo que la ley no concede, no es más que un delito, en este caso una extorsión.

Lo propio ocurre también con el accionar del Sindicato de Camioneros ante el atropello a empresas para, siempre por la fuerza, sumar afiliados disfrazando un delito como conflicto laboral. Parece haber quedado atrás en la memoria colectiva el intento de irrupción por parte de los Moyano en Mercado Libre para “sumar” a su sindicato a los trabajadores del depósito que corresponden a otro sindicato como el de Carga y Descarga, por ejemplo. En ese caso, como en el del Parque Industrial Ader, se impusieron la razón y la legalidad por sobre la ar-birtrariedad y la fuerza, generándonos así esperanza de un país mejor y más justo a los ciudadanos comunes que muchas veces nos sentimos argentinos de segunda.

Vale aclarar la invalorable tarea de la inmensa mayoría de los sindicatos que realizan diariamente una tarea digna en la lucha contra el empleo no registrado y defensa de los derechos de sus trabajadores, sin poner irracionalmente en peligro los puestos de trabajo que dicen defender. Es que sin dudas resulta tolerable una medida en defensa de derechos y salario de los trabajadores si un empresario, haciendo abuso del derecho fraudulentamente, encuadra a trabajadores bajo un convenio colectivo de trabajo que no le corresponde con el objeto de obtener un beneficio propio.

Mientras se debatan los conflictos de esta naturaleza por fuera del ámbito correspondiente, el accionar de una organización, en este caso el Sindicato de Camioneros, contribuye a debilitar la alicaída economía, dando así un mensaje muy negativo con un muy alto costo en un cotexto mundial de digitalización y robotización del trabajo donde todos los días se lucha incansablemente para hacer rentable una empresa. Es por eso que los caprichos de los Mo-yano, que pueden mantener en vilo no solo a cientos de familias sino a la sociedad toda, es un lujo que la Argentina con más del 42 por ciento de pobreza no se puede dar.