La actividad de los remises es pública y no admite informalidades

El problema del transporte ilegal de pasajeros no es nuevo en la Ciudad, se remonta a muchos años atrás y son muchas, por consiguiente, las administraciones municipales que se sucedieron sin poder erradicar esa actividad informal.

Lo cierto es que las ordenanzas sancionadas, los múltiples y fugaces operativos realizados en las últimas décadas resultaron insuficiente . Y la situación volvió a cobrar vigencia ahora, cuando en las últimas jornadas la Municipalidad detectó y secuestró a 34 automóviles que actuaban como remises sin contar con la habilitación pertinente.

Se sabe que a partir de la pandemia la presencia clandestina de remises truchos creció de manera alarmante, según fue denunciado por distintas entidades vinculadas al sector. Y ahora, durante operativos desarrollados en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus, de los parques Alberti y Castelli y la Plaza Moreno, agentes de la secretaría de Seguridad municipal retuvieron 34 vehículos que funcionaban como remises de manera ilegal, no sólo carentes de la habilitación sino incumpliendo otra serie de requisitos para desarrollar la actividad.

Como parte de las tareas de control, los inspectores verifican que el vehículo esté habilitado para el traslado de pasajeros y solicitan a los choferes licencia de conducir profesional, cédula verde, VTV y seguro vigentes; además de exigir el cumplimiento de los protocolos sanitarios contra el Covid-19 estipulados para taxis y remises.

Está claro que en el caso de las remiserías –también de los taxistas y de empresarios del transporte escolar, víctimas de este mismo problema- que cumplen con todas las exigencias legales para funcionar, no pueden competir con quienes desempeñan esas actividades sin cumplir con los requisitos de habilitación exigibles a todo vehículo que quiera brindar un servicio en condiciones de legalidad. Estos últimos, además, lo hacen sin afrontar los costos que asumen quienes actúan legalmente.

Asimismo, frente a los riesgos concretos que corren miles de personas, en forma cotidiana y muchas de ellas sin advertirlo -ya que al pasajero le resulta virtualmente imposible determinar si el vehículo que lo traslada está o no legalmente autorizado para ejercer la actividad- las autoridades deben extremar los controles que se realizan.

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Se trata no sólo de proteger los derechos de los pasajeros a contar, eventualmente, con una cobertura de seguros y a utilizar automóviles en los que estén probadas, objetivamente, la idoneidad profesional del chofer y las condiciones que debe tener el vehículo, sino de impedir que se vean desnaturalizadas las leyes y el propio valor de la autoridad comunal. Desde luego que también debieran sopesarse detalladamente las eventuales derivaciones jurídicas, en casos de accidentes.

En este sentido, es fundamental que el municipio ajuste los organismos y distintos sistemas de contralor, para aplicarlos luego en forma sostenida. Los funcionarios municipales tienen una responsabilidad directa y a ellos les corresponde, ineludiblemente, velar por la vigencia de todos los requisitos que se fijan para darle seguridad y garantías a un servicio que, como el de transportar pasajeros, es de naturaleza pública.