Las nuevas restricciones que vienen y el temor a la desobediencia civil

Corrido por el aumento de contagios de COVID-19 en el Conurbano, el gobierno bonaerense se encamina a anunciar nuevas medidas restrictivas que indefectiblemente tendrán destino de polémica. Sobre todo, por el perjuicio económico que podrían ocasionar a sectores que aún no pudieron recuperarse del cierre total de 2020.

Es una decisión antipática y el gobernador Axel Kicillof lo sabe. Por eso, en charlas reservadas con la Casa Rosada se planteó la posibilidad de que haya un acompañamiento económico desde el Estado nacional para ayudar a “controlar los daños”. No queda claro si la sugerencia tuvo receptividad positiva.

Se piensa en un parate de ciertas actividades durante dos meses, con posibilidad de que sea menos si la curva de contagios acompaña. Una “solución de shock”, explicó una fuente del gabinete. No se evalúa cerrar las aulas: el gobierno tomó debida nota del alto impacto negativo que eso le generó el año pasado y continuará con el sistema de burbujas. Cuenta con el apoyo de la mayoría de los gremios docentes para eso.

Luego de las recientes medidas que restringieron el horario de circulación, podría avanzarse ahora en el cierre de actividades recreativas, gastronómicas, artísticas y de ocio. Sólo se mantendrían las actividades industriales, productivas, de construcción y de rubros que hacen al funcionamiento de la maquinaria económica agroexportadora. Una suerte de regreso a la Fase 3 de la pandemia con algún retoque, como reconoció el jefe de gabinete, Carlos Bianco.

El temor de las autoridades sanitarias provinciales es que una ola de contagios sin control ponga en jaque la red de camas para internaciones graves. Porque, más allá de la épica del discurso oficial, está claro que el ritmo de vacunación es bastante lento.

El problema para Kicillof es que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se niega a tomar medidas restrictivas similares en la Ciudad Autónoma, basado en que en su distrito el ritmo de contagio es menor. Así, Larreta busca diferenciarse del bonaerense mandando un mensaje no tan críptico: que supuestamente el macrismo manejó mejor la crisis en su pago chico, la Capital.

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No es novedad que las relaciones entre Larreta y Axel son pésimas, en especial desde que el oficialismo quitó puntos de coparticipación de impuestos a la Ciudad para dárselos a la Provincia en plena crisis policial del año pasado.

Dato: versiones que circulaban el viernes decían que en la reunión entre el presidente Alberto Fernández y el alcalde porteño, pautada inicialmente para ayer a la mañana, no iba a estar Kicillof por expreso pedido de Larreta. Que fue una condición para acceder al encuentro y a la foto correspondiente para mandar a los medios. Finalmente, el cara a cara no se hizo porque el jefe de Estado dio positivo de COVID y tuvo que aislarse. Sí conversaron de forma virtual.

Lo dicho: más allá de que desde el punto de vista sanitario puede ser necesario, Kicillof sabe que más restricciones profundizarán el mal humor social de los bonaerenses. Que tendrá un costo político en el año electoral. Por eso también, él y sus principales funcionarios del área de Salud son grandes impulsores de la postergación de las Primarias Abiertas de agosto próximo y, por ende, de las elecciones legislativas. “Sería una irresponsabilidad hacerlas”, acaba de decir la ministra de Gobierno, Teresa García.

Mirado con lógica electoral, patearlas es ganar tiempo aunque siempre será el argumento sanitario el que se exhibirá como explicación, con voceros como el ministro Daniel Gollán o su vice, Nicolás Kreplak, que suelen presentar análisis bastante tremendistas.

Por cierto, Kicillof participó de la polémica reunión que se hizo en la semana, luego de la cual la oposición debió salir a aclarar que no se cerró allí ningún pacto para postergar las PASO cuando el Gobierno filtró una charla informal como el cierre de un acuerdo político. Picardías peronistas.

Pero existe otro temor sobre un nuevo cierre parcial, tanto en la Rosada como en La Plata, que no es reconocido en público pero del que se habla en privado: el miedo a una suerte de desobediencia civil. A que la población, cansada y enojada por la larguísima cuarentena del año pasado, no acate las restricciones que impongan las autoridades y pretenda seguir con la lógica actual de “casi todo abierto”, con cuidados y protocolos. Más allá del enorme costo político, eso obligaría al Estado a endurecer controles, acaso a sobrepoblar las calles con presencia policial en pos del bien común. Suena muy incómodo para el kirchnerismo.