Sin periodismo libre no hay posibilidad de preservar la salud de la República

“Sin periodismo libre para que pueda publicarse lo que sucede sin importar quienes resulten involucrados, no hay posibilidad alguna de preservar la salud de la República”, dice un reciente comunicado de la Red de Entidades por la Justicia Independiente en la Argentina (REJIA), integrada por once organizaciones no gubernamentales que solicitaron a la Justicia el fin de la “persecución judicial” contra el periodista Daniel Santoro, a la vez que advirtieron sobre el efecto de autocensura que este tipo de medidas puede provocar en la prensa.

El periodismo libre “junto a una justicia independiente” son los “pilares fundamentales para contribuir al desarrollo íntegro de una república”, añadió la entidad que nuclea a Cadal (presidida por Sybil Rhodes), Contadores Forenses (Alfredo Popritkin), Directorio Legislativo (María Baron), Fores (Alfredo Vítolo), Jubi jueces (Luis Herrero), Profesores Republicanos (Guillermo Mizraji), el colegio de abogados de la ciudad de Buenos Aires (Alberto Garay), Justa Causa (Luis Cevasco), Asociación Civil Río de La Plata (Alberto Cohan), Instituto Altos Estudios de Derecho de Mendoza (Arlington Roberto Uliarte) y Será Justicia (Raúl Aguirre Saravia y María Eugenia Talerico.

Tal como se sabe, el mes pasado el juez federal Luis Rodríguez procesó sin pruebas al periodista Santoro, de Clarín, como supuesto partícipe necesario de un intento de extorsión de Marcelo D’Alessio al despachante de aduana Daniel Traficante. De inmediato, Santoro señaló que “el juez Luis Rodríguez me procesó sin una sola prueba de que yo participé o sabía de un intento de extorsión. Y lo absurdo es que una consulta que le hice a Traficante antes de publicar la nota, es una ¡prueba de la extorsión! ¿Debería no haberlo llamado un día antes de publicar?”.

Cabe señalar que el Comité de Protección de Periodistas de Nueva York pidió al juez Rodríguez retirar el procesamiento de Santoro. Asimismo, la decisión de este juez había suscitado el mes anterior el rechazo de la Academia de Periodismo, de ADEPA y FOPEA, entre otras organizaciones defensoras de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.

Ahora se sumaron las once instituciones agrupadas en REJIA que, en el comunicado, añadieron que “la libertad de expresión de todos y la de los periodistas de investigación en particular, se ve amenazada cuando la matriz de corrupción tiene como posibles autores, a personas que se encuentran en el ejercicio del poder”.

Subrayaron que “muchas de las investigaciones periodísticas realizadas por Daniel Santoro revelan hechos que molestan a los funcionarios públicos porque ponen en descubierto estructuras y acciones de corrupción entre funcionarios y privados”.

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“Ello le ha generado múltiples complicaciones y un gran perjuicio a la ciudadanía que cada vez tiene más obstáculos para informarse, y, el procesamiento de Santoro pretende lograr el objetivo de disuadir a sus colegas que no investiguen al poder en razón del lógico temor que generan tales hostigamiento, lo que impedirá que se develen hechos de interés general de toda la sociedad”, añadieron.

El procesamiento dictado por “el cuestionado Juez Rodríguez no sólo reedita el que previamente dictara el Dr. Ramos Padilla en el conocido caso “Dolores” y que fue revocado con duros términos por la Cámara Federal de Mar del Plata, sino que califica como delictiva la buena técnica periodística de consultar a la persona cuyo nombre habrá de publicarse, para conocer su versión o si tiene algún descargo que realizar frente a los hechos que saldrán a la luz”.

Se ha dicho aquí que las agresiones, amenazas, persecuciones, escraches y otros métodos violentos de ataques a periodistas en nuestro país, por las informaciones y opiniones que emiten, son actos absolutamente contrarios a elementales principios de convivencia y de la democracia, que tanto le costó recuperar a los argentinos en 1983 con el concurso de todos los sectores políticos y sociales.

El país vivió una profusa y lamentable experiencia en épocas de la dictadura militar y resulta, por consiguiente, primordial que se alcen voces para condenar el accionar empecinado y reiterativo de algunos sectores ligados al actual oficialismo que buscan, por estas vías, debilitar principios básicos de la vida democrática.