Reforma en la salud: los privados ven un “plan de estatización”

Lo que en la antevíspera, y desde La Plata, había deslizado la vicepresidenta, Cristina Kirchner, ayer fue confirmado por la ministra Carla Vizzotti: el Gobierno analiza una reforma del sistema de salud. Un plan que ya se venía alumbrando desde un sector del oficialismo y que puso en guardia a las empresas de medicina prepaga, sanatorios y clínicas ante un presunto intento por “estatizar” el sector privado.

Más aún porque el mensaje que en la puerta del hospital Sor María Ludovica pronunció la expresidenta tuvo como destinatarias directas a las prepagas, que, advirtió, “hoy no saben dónde colocar a la gente porque no tienen lugar. Dicen los que saben que tal vez vengan otras pandemias. Lo peor que nos puede pasar es negarnos a discutir la realidad”. Frente a ese escenario, insistió en “repensar todo el sistema de salud” e ir hacia “un sistema integrado entre los tres subsistemas: público, obras sociales y privado o prepagas”.

Reflotaba así una idea planteada a fines del año pasado, también desde La Plata: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”, propuso entonces y sobre esas bases el kirchnerismo habría empezado a bosquejar un proyecto propio.

También el Gobierno avanza en ese sentido. “Estamos todos trabajando en disminuir la fragmentación del sistema de salud. Esta pandemia ha sido una oportunidad muy grande para entender que la salud es una sola y, sin lugar a dudas, como en cada crisis, surge una oportunidad”, admitió ayer la ministra de Salud.

Desde la oposición, el jefe de la sanidad porteña, Fernán Quirós, reconoció que la Salud en el país “merece una mejora”, pero pidió ampliar la discusión a todos los sectores: “No va a ser un iluminado o un pequeño grupo de personas el que resuelva el problema del sistema de salud argentino”, advirtió.

En la Provincia, la ministra de Gobierno, Teresa García, defendió la “articulación” entre ambos sistemas. Y el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, coincidió con su par nacional al argumentar que “la pandemia nos puso en la situación de tener que discutir esto” y habló de “un problema estructural de muchos años agudizado por el coronavirus”.

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Justamente sería desde la cartera sanitaria bonaerense donde La Cámpora incubaría el programa “Ejes centrales para un programa de salud 2020-2024”, que -en línea con el pedido de Cristina- propone la creación de un “Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino” (SNISA), mixto pero “con centralidad en el subsector público”.

Para consolidar la mentada reforma sanitaria, el proyecto del kircherismo promueve una ley nacional de salud y -“en la medida de lo posible”- una reforma de la Constitución, “incorporando a ella a la salud como derecho humano y el SNISA como estructura nacional que comprenda a todas las jurisdicciones y subsectores”.

Bajo la premisa de “recuperar la gobernanza del sistema”, proyecta que una misma autoridad tenga injerencia en organismos como el Ministerio de Salud, el PAMI o la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), que es la que debería controlar a las obras sociales. Dispone además la instauración de “una nueva modalidad para la ‘libre elección’ entre obras sociales”, como así también la intervención del Estado en los valores de los medicamentos y otras prestaciones.

Pero hay sobre todo un punto que desde un primer momento inquietó a las obras sociales sindicales, que temen perder lugar en el manejo de la recaudación que obtienen a través del aporte de los trabajadores. Es el que establece la puesta en marcha de “un sistema de recupero de las prestaciones realizadas por entes estatales a subsectores de obras sociales y de medicina prepaga”.

Según esa propuesta, “el subsector público obtendrá una remuneración por los servicios prestados a beneficiarios de la seguridad social y de seguros privados en el caso de las obras sociales con las que se celebren convenios se realizarán descuentos promedio de hasta un 33 por ciento de los valores de mercado o de nomenclador definido, que podrá considerarse un subsidio explícito del Estado a la seguridad social y a los trabajadores a cambio de un sistema de cobro automático de lo facturado desde la misma recaudación AFIP o en su defecto desde la SSS de todas las prestaciones”.

ESTATIZACIÓN “DE HECHO”

El borrador, ya se mencionó, inquieta a gremios y prepagas (que, por ejemplo, deberían pagar al sector público en caso de que sus afiliados sean atendidos en sanatorios estatales). Y ahora que la iniciativa pareció ganar impulso de boca de la propia expresidenta, los empresarios del sector temen una estatización “de hecho” si primero se desfinancia al sistema para “ponerlo al límite de su capacidad operativa” hasta que “colapse”, creando la “excusa perfecta” para su nacionalización.

Ese temor subyace, por caso, en la presentación que las empresas de medicina privada harán hoy ante la Justicia. A través de una medida cautelar y asumiendo sus problemas financieros, reclamarán una actualización en las cuotas que pagan sus beneficiarios, cuyo aumento el Gobierno deniega.

“Pediremos una medida cautelar urgente que exija al Gobierno y a las autoridades correspondientes el cumplimiento de la ley”, anticipó ayer el presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), Claudio Belocopitt, y sostuvo que la “viabilidad” del sector está comprometida, principalmente, por el “atraso gigante” en los valores de prestación: el Gobierno, se quejan, autorizó aumentos del 10 por ciento en 2020, frente a una inflación anual del 36,1 por ciento y que en lo que va del año supera el 17 por ciento.

En el sector atan ese desfase a una nacionalización del sistema “de hecho: lo desfinancian y lo ponen de rodillas para después decir que es necesario estatizar, bajo el argumento de que el sistema no puede cumplir con sus obligaciones”, alertó Belocopitt.

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