En medio de la tensión derivada por el duro enfrentamiento público entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, que se saldó con la salida del Gabinete de funcionarios que respondían al jefe de Estado, desde el ministerio de Economía informaron en las últimas horas la estrategia tarifaria prevista para el 2022 y qué se hará con el aporte realizado por el FMI.

En un comunicado "aclaratorio", desde el Palacio de Hacienda brindaron precisiones que el origen dela comunicación responde a "interpretaciones erróneas de algunos medios de comunicación sobre anuncios y decisiones de planificación presupuestaria".

Desde Economía indicaron que el Presupuesto 2022 establece un gasto en subsidios de las tarifas del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI), algo que se cree que actualmente se encuentra por encima del 2 por ciento.

Ese recorte representa una caída en el monto de los subsidios y consecuentemente un incremento en los cuadros tarifarios que será solventado por los usuarios y que podría llegar al 30% en el caso de las eléctricas.

Para alcanzar ese valor se espera que sea a través de tres acciones:

- Caducidad de la Resolución 46, que había sido implementada en 2017 por la administración de Juntos por el Cambio y ofrecía un precio para el gas que oscila entre 7,50 dólares/MMBTU en 2018 y 6 dólares/MMBTU en 2021.

El Plan GasAr adoptado en el 2020 permitió establecer un precio promedio de 3,50 dólares/MMBTU.

La caducidad de la Resolución 46 permitirá, en términos de subsidios, una reducción de aproximadamente 600 millones de dólares con respecto a 2021.

- Obras de infraestructura para el sector previstas en el Presupuesto 2022 por más de $100.000 millones, principalmente en construcción de gasoductos, que permitirán mejorar la distribución federal de la energía, mayor ahorro fiscal producto de sustitución de importaciones y menor costo del gas.

- Segmentación en el subsidio de las tarifas que permita construir un esquema tarifario más progresivo y seguir acompañando a los sectores que lo requieren a través de un uso eficiente de los recursos del Estado.

De esta manera, se espera que exista una segmentación tarifaria en base a los recursos de los usuarios, aunque todavía no se sabe cómo será su instrumentación.