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Aprobada la refinanciación de la deuda, y a la espera del aval final del organismo, el país se apresta a afrontar importantes desafíos
Un pasaje de la sesión en el senado donde se aprobó el acuerdo / Télam
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aprobado el jueves a última hora en el Senado, permitirá refinanciar deudas por unos 45.000 millones de dólares e implicará aplicar políticas fiscales y monetarias con el objetivo de reducir los desequilibrios económicos del país suramericano.
Estas son las claves del nuevo programa de facilidades extendidas que ahora deberá ser aprobado por el directorio del Fondo para entrar en vigencia:
El acuerdo incluye financiación por unos 45.000 millones de dólares, cifra equivalente a los desembolsos que recibió Argentina con el acuerdo “standby” firmado en 2018 y que se compone por el monto de los vencimientos aún pendientes previstos en aquel acuerdo más el monto de las amortizaciones de capital ya realizadas entre septiembre de 2021 y enero pasado.
Con los once desembolsos que reciba, Argentina afrontará los pagos hasta 2024 previstos en el programa de 2018 y el remanente se aplicará a fortalecer las alicaídas reservas monetarias del Banco Central.
El programa tiene una duración de 30 meses en cuanto al acuerdo de políticas económicas y las revisiones trimestrales -diez en total-, pero Argentina deberá devolver los desembolsos recibidos en 12 cuotas semestrales a pagar entre 2026 y 2034.
Para autorizar cada nuevo desembolso, en las revisiones se evaluará el cumplimiento de tres criterios de ejecución cuantitativos: reducción del déficit fiscal primario, reducción de la financiación al Tesoro por parte del Banco Central y acumulación de reservas monetarias.
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El acuerdo establece una reducción gradual del déficit fiscal primario, desde el equivalente al 3 % del PIB en 2021, al 2,5 % este año, el 1,9 % en 2023 y el 0,9 % en 2024, metas que Argentina pretende alcanzar con una expansión “moderada” del gasto real que permita que no se frene el crecimiento económico (desde el 10,3 % en 2021 a un proyectado del 3,5-4,5 % en 2022), en combinación con un fortalecimiento de la recaudación impositiva y mejoras en la administración tributaria.
Se acordó reducir los subsidios estatales a la energía (0,6 % del PIB en 2022) para mejorar la composición del gasto público, medida que implicará subidas tarifarias segmentadas al consumo de gas y electricidad.
El Tesoro se financiará mediante una expansión de la colocación de deuda en pesos argentinos en el mercado doméstico (alrededor de 2 % del PIB por año durante 2022-2024) y a través de una mayor financiación por parte de organismos internacionales y acuerdos bilaterales (0,4 % del PIB por año durante 2022-2024), lo que permitirá reducir en forma gradual la asistencia monetaria por parte del Banco Central.
El entendimiento prevé que la asistencia monetaria por parte del Banco Central al Tesoro pase del equivalente del 3,7 % del PIB en 2021 al 1 % este año, al 0,6 % en 2023 y a cero en 2024.
Se buscarán además tasas de interés reales positivas para fomentar la demanda de activos en pesos argentinos, para así aumentar la financiación al Tesoro a través del mercado de deuda doméstico.
Uno de los principales objetivos del programa es bajar la persistente y elevada inflación, que fue del 50,9 % en 2021.
Se proyecta una reducción de la tasa de inflación a un rango del 38-48 % en 2022, 34-42 % en 2023 y 29-37 % en 2024. Estas metas cada vez parecen más difíciles de alcanzar.
Argentina y el FMI acordaron que abordarán este problema mediante un abordaje múltiple. Esto incluye desde una reducción de la emisión monetaria hasta acuerdos de precios y salarios para “anclar” las expectativas.
También se adoptarán otras medidas con el objetivo final de reducir la inestabilidad cambiaria que termina impactando en la inflación.
Según el Gobierno argentino, no habrá correcciones abruptas en el tipo de cambio, pero sí ajustes para garantizar la competitividad a mediano plazo del tipo de cambio real efectivo.
Se buscará acumular reservas internacionales para favorecer la respuesta a “shocks” externos y contribuir a una mayor estabilidad.
La meta es aumentar las reservas internacionales netas en 15.000 millones de dólares a lo largo del programa: 5.800 millones en 2022, 4.000 millones en 2023 y 5.200 millones en 2024.
Tras la aprobación en Diputados y el Senado, el directorio del FMI debe respaldar el acuerdo para que entre en vigor. Esto debe ocurrir antes del martes que viene, cuando el país tendrá que desembolsar 2.800 millones de dólares para los cuales no tiene fondos propios.
El Gobierno sostiene que, además de evitar el cese de pagos, el pacto lograría la acumulación de reservas internacionales, la estabilidad fiscal y un fortalecimiento monetario. Afirma que no conllevará un recorte de las jubilaciones ni una reforma laboral y tampoco inhibirá la incipiente recuperación económica.
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