La ineficacia burocrática dice “presente” con las tarjetas SUBE

Que se haya convertido en un verdadero calvario el trámite para obtener tarjetas SUBE en nuestra ciudad –en una situación que obliga a miles de personas a realizar colas extensas, con irritantes e incómodas esperas de dos o más horas de duración- marca hasta qué punto de ineficacia ha llegado una burocracia imposibilitada, por lo visto, para organizar un operativo que no debiera demandar más que muy pocos minutos. Tanto en esta como en otras ineficiencias administrativas, los organismos estatales parecen esmerarse.

Usuarios platenses denunciaron que existe un “mercado negro” que opera a través de las redes. Como viene informando este diario, la falta de plásticos de la tarjeta SUBE es un drama que se arrastra desde hace al menos dos meses. Según se supo, hay publicaciones donde se ofrecen las tarjetas a precios superiores a los establecidos, en unos 400 pesos por unidad y por más de cuatro, a 300 pesos cada una.

Mientras tanto, comerciantes y usuarios platenses de distintos puntos coincidieron en que hallarlas es casi “una misión imposible”.

En los pocos puntos de venta disponibles ayer por la mañana, frente a una hilera muy extensa de personas, se informaba que sólo podían entregarse unas 150 tarjetas, en una ventanilla atestada. Cabe señalar que el que lograba obtener una SUBE, debía dirigirse a otra ventanilla para poder cargarla. Lo cierto es que quienes no disponen de esa tarjeta, no puede viajar en los medios de transporte público.

Sólo de manera extraoficial se informó que las complicaciones derivan de las trabas existentes en la importación de plásticos. En realidad, que el Estado no se haya surtido de un stock suficiente vuelve más inexplicable esta situación. Tampoco resulta comprensible que no exista un código QR que permita pagar el pasaje con los celulares.

Lo cierto es que no es nueva la situación que se presenta con las tarjetas SUBE, que habilitan para utilizar los distintos medios de transporte. En años anteriores se presentó el mismo panorama y, por cierto, no hubo por parte del organismo emisor –el ministerio nacional de Transporte- ninguna medida que sirviera para evitarle a la gente este verdadero suplicio burocrático, tan mortificante.

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Se ha dicho muchas veces en esta columna, ya desde hace décadas, que existe un creciente y justificado reclamo contra este tipo de deficiencias o excesos burocráticos, sea en ámbitos públicos o privados.

Y que, por toda respuesta y en el mejor de los casos, las administraciones estatales habilitan un mecanismo para que se inicie un reclamo por otra ventanilla, mientras que en actividades privadas a veces ni hay libros de quejas, aunque éstos, en rigor, no suelen servir para nada.

Frente a estas injustas agresiones a la calidad de vida, es de esperar que desde el propio Estado -donde no faltan organismos de contralor ni de defensa de la ciudadanía- se intervenga de manera efectiva, aplicándose sanciones a los responsables donde sea preciso y, fundamentalmente, buscando que se apliquen medidas eficaces que parecen depender más del sentido común que de planificaciones complejas.