Amenazas de tiroteos y violencia escolar en la mira de la Justicia

Si bien las clases se retomaron con cierta “normalidad” en escuelas de la Región, aún persiste la inquietud entre docentes, padres y alumnos por el cariz que tomaron y siguen tomando los mensajes intimidatorios que se escribieron dentro de los establecimientos, reforzándose algunas medidas de seguridad dispuestas por las autoridades de los establecimientos y las pautas fijadas por la Justicia actuante en estos episodios alarmantes.

Como se recordará entre el jueves pasado y hasta esta semana se registró en nuestra zona una serie de episodios que incluyeron amenazas de tiroteos a través de pintadas, mensajes intimidatorios y situaciones vinculadas con armas en escuelas de La Plata, Berisso, Ensenada y distritos vecinos, algo que obligó a la realización de denuncias y a múltiples reuniones de directivos escolares, jefes policiales y magistrados. El tema se encuentra bajo investigación de una fiscal del fuero de Menores.

Este insólito clima de intemperancia se ve potenciado por las redes sociales y se presentó además en un escenario escolar con numerosos antecedentes de violencia entre alumnos y agresiones a docentes.

Mientras son ostensibles los esfuerzos de las autoridades de las escuelas afectadas por tratar de imponer protocolos de seguridad, con medidas de prevención como la revisión de mochilas, el temor de los padres y de la mayoría de alumnos que no participan de esta violencia está lejos de disiparse.

“Las amenazas no cesaron, siguen. No sabemos si son verdad o mentira, si es un juego o una broma, pero es algo malo porque no permite tener la tranquilidad necesaria para la comunidad educativa”, dijo la madre de un alumno.

El artículo publicado ayer por este diario reflejó en forma literal una serie de amenazas con expresiones más propias de una mafia criminal que de chicos a los que se supone en período de formación escolar. Frente a ello se suceden reuniones entre docentes y preceptores con padres de los alumnos, mientras procuran colaborar con las acciones policial y judicial en marcha.

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Frente a ese escenario, las escuelas vienen reforzando un protocolo común ante amenazas: algo así como un mecanismo de defensa que incluye avisos inmediatos a Inspección, denuncias policiales con extensión a la Justicia, comunicación con las familias y seguimientos internos de los estudiantes involucrados.

Más allá de los alcances de una eventual sentencia de la Justicia, nada se conoce aún sobre sanciones disciplinarias.

Asimismo, se debe presuponer que las máximas autoridades del área educativa, en su condición de rectoras, siguen este grave asunto con atención y que estarán impulsando medidas y estrategias que actúen como guía y aporte para los directivos de las escuelas, aunque hasta el momento no se ha conocido ninguna declaración oficial sobre el tema.