Lacalle Pou se impuso en un referéndum clave

MONTEVIDEO

El “no” mantenía una ligera ventaja -irreversible, decían- sobre el “sí”’ con el 98,57 por ciento de los votos escrutados, según las cifras arrojadas por la web de la Corte Electoral anoche al cierre de esta edición, en el referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), proyecto estrella del Ejecutivo uruguayo.

Según las cifras oficiales, la Corte Electoral llevaba escrutados 2.266.598 votos, de los que 1.050.414 apoyaban el “sí” a la derogación de 135 de los 476 artículos, y 1.071.622 el “no”, defendido por el oficialismo, en una ajustada definición.

Además, se registraron 28.316 votos en blanco que, en el caso de los referendos en Uruguay, se suman al “no”, por lo que el “sí” debía obtener la mitad más uno de los sufragios logrados por el “no” y en blanco (sobres sin boleta o que contengan algún objeto extraño).

Unos 2,7 millones de ciudadanos estuvieron llamados a votar para decidir la derogación o no de 135 de los 476 artículos de la LUC, promulgada en julio de 2020, apenas tres meses después del inicio de mandato de Lacalle Pou (2020-2025).

La jornada transcurrió con calma como es habitual en el pequeño país sudamericano en un ejercicio democrático por el que los uruguayos son especialmente admirados en la región.

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El presidente Lacalle Pou votó al mediodía en el departamento de Canelones, cercano a Montevideo, y afirmó que “era un día especial” que vivía con “mucha pasión” para cuidar y defender la democracia.

El mandatario fue el principal impulsor de esta ley, denominada “ómnibus” por la variedad de los asuntos que engloba.

Mientras Lacalle Pou ha resaltado las mejoras logradas en seguridad pública, en educación, en materia laboral -fundamentalmente en el derecho de huelga y la regulación de los piquetes-, en regulación de adopciones o en libertad financiera, organizaciones sociales y políticas consideran que los 135 artículos en discusión vulneran importantes derechos de la población uruguaya.

La LUC cambió cuestiones tan diversas que abarcan desde las condiciones para ajustar precios de combustibles hasta el rol de las empresas públicas, del Estado en la economía, la educación, el trabajo, la seguridad, el proceso penal uruguayo o la capacidad de pagar bienes en efectivo. Además, prevé la desmonopolización de algunos servicios estatales como internet, telefonía, electricidad o hidrocarburos.

El “sí” fue promovido por organizaciones sociales y políticas, entre ellas, la central sindical, el PIT-CNT, y el Frente Amplio, coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020, tras una campaña de varios meses de captación de firmas (hasta superar el 25 por ciento del censo necesario), que derivó en la celebración de este referéndum.

Además de los contenidos, la oposición cuestionaba también la forma en que fue aprobada la ley, con carácter de urgencia y sin tiempo para debatir todo en profundidad, y en medio de las restricciones de la pandemia.

Para la oposición, los 135 artículos que querían derogar vulneran importantes aspectos de “los derechos de la gente”.

Tras conocerse el recuento provisorio, la izquierda uruguaya reclamó diálogo al Ejecutivo de Lacalle Pou y celebró como si fuera un triunfo, pese a que el resultado no alcanzó para derogar los artículos cuestionados de la LUC.