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Verónica dessio
Desde la Fiscalía N° 1 de La Plata se elevó en los últimos días a la instancia de juicio la causa penal que investiga el crimen de la abogada Verónica Dessio en su vivienda de Parque Sicardi. El hecho ocurrió hace poco más de un año, en diciembre de 2020, y por el caso hay dos personas detenidas: un hombre como presunto brazo ejecutor y una mujer que le habría encargado “el trabajo”.
Se trata de José Antonio Alves e Ivana Mapis, quienes están imputados por los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por precio remuneratorio”, cuya pena en expectativa es la de prisión perpetua.
De acuerdo a la pesquisa, detrás de este salvaje episodio se escondería una trama de pasiones y celos enfermizos. Es que se sospecha de que Mapis le entregó 250 mil pesos a Alves para ultimar a la letrada, ya que no soportaba la relación de amistad que mantenía con su expareja, de profesión psicóloga.
Cabe recordar que Dessio, de 49 años, trabajaba en la Mesa de Entradas de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y se convirtió en la primera mujer en casarse con otra persona de su mismo sexo, luego de presentar -en 2010- un amparo ante el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata, que finalmente autorizó esa unión.
Fue la fiscal Cecilia Corfield, a cargo preventivamente de la UFI N° 1, quien cerró la etapa de instrucción de la causa y requirió su pase a la instancia de debate, solicitud que, previo traslado a la defensa, deberá ser resuelto por el juez de garantías Juan Pablo Masi.
Cabe destacar que Mapis pidió morigerar su situación de prisión preventiva, con un arresto domiciliario, aunque por el momento ese planteo fue rechazado.
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Dessio fue encontrada en el suelo del quincho de su domicilio de la calle 5 bis entre 636 y 637.
Presentaba un corte muy profundo en el cuello y heridas de arma blanca en esa zona del cuerpo y también en la espalda.
En la escena del crimen no se detectó faltantes de dinero ni de objetos de valor en la casa.
Los movimientos de Alves quedaron registrados en una cámara de seguridad del barrio, lo que sirvió como prueba de cargo, ya que lo ubicaron en la escena en el instante en que ocurrió el homicidio.
Tras el hecho, familiares y amigos de la víctima (que trabajaba en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires) protagonizaron marchas en reclamo de “justicia”.
La última fue una suelta de globos en las escalinatas del Palacio de Tribunales.
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