Cada senador le cuesta a la Provincia más de $20 millones al mes y en el año hubo apenas tres sesiones

Si fuera por los resultados de su trabajo o por la productividad que generó en lo que va del año, el Senado bonaerense seguramente quedaría envuelto en un enorme manto de deuda con la ciudadanía. Más aún, si se compara la cantidad de sesiones que realizó con el generoso presupuesto que maneja.

En efecto, la Cámara alta bonaerense concretó, con la que se celebró anteayer, apenas tres sesiones en lo que va del año. Consumidos prácticamente cinco meses de 2022 (un año no electoral en el que habitualmente el Parlamento debería salir de la anomia que imponen los comicios), ni siquiera hubo una reunión plenaria por mes.

Esa pereza legislativa de la Cámara que conduce la vicegobernadora Verónica Magario contrasta fuertemente con los amplios recursos de que dispone. Maneja una caja millonaria de 11.500 millones de pesos que hace que cada unos de los 46 legisladores que alberga le “cueste” a la Provincia nada menos que 250 millones de pesos anuales. O, lo que es lo mismo, más de 20.833.000 de pesos por mes.

La Cámara alta provincial dispone este año de un presupuesto de $11.500 millones

Sin embargo, el Senado parece lejos de justificar esas millonarias erogaciones si se las confronta con su actividad visible que es, en definitiva, la que se origina en las comisiones de trabajo y en el propio recinto. En el caso de las comisiones, recién ahora comenzaron a desperezarse y se constituyeron en las últimas dos semanas luego de largos meses de negociaciones y su consecuente parálisis.

Respecto de la cantidad de sesiones que vieron la luz en 2022, surge un dato aún más llamativo. De los tres plenarios que se celebraron, uno fue de carácter especial cuando se trató el pedido de desafuero de un legislador, reclamado por la Justicia. Ese mismo día se realizó el tradicional homenaje por el Día de la Memoria. Es decir, en apenas dos ocasiones el Senado se reunió para tratar proyectos de ley o pedidos de informes en lo que se conoce como sesiones ordinarias.

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En términos generales, el Senado gasta por mes para el total de su funcionamiento (dietas de legisladores, sueldos y gastos diversos), 958 millones de pesos. Su escasa actividad contrasta con ese importante volumen de recursos.

En momentos en que está en discusión el gasto de la política frente a la crisis económica arropada por el desempleo, la pobreza y la inflación, el desempeño a cuentagotas de la Cámara alta abona a ese debate. Y pone en la mira a una institución que parece sofrenada por decisión propia.

En términos políticos, el Senado atraviesa una situación particular y que se manifiesta en la paridad de fuerzas. De los 46 legisladores que lo componen, 23 responden al Frente de Todos y los otros 23 a Juntos. Ese equilibrio, en lugar de obrar como un elemento virtuoso para obligar a encontrar consensos y mejorar las herramientas legislativas que en definitiva tienen como últimos destinatarios a los bonaerenses, parece haber oficiado como un demérito para la actividad parlamentaria.

Esa situación apunta otro costado para el análisis: la actividad módica no sólo pone la lupa sobre los gastos sino también sobre el impacto institucional que genera.

De hecho, la Cámara alta es el último filtro por el que deben pasar los nombramientos de jueces y fiscales. En medio de los constantes reclamos de la Justicia por la enorme cantidad de vacantes que existen en los tribunales bonaerenses, en lo que va del año no se aprobó ningún nombramiento.

Este escenario que monopoliza la geografía parlamentaria y la tiñe de un costado poco edificante, potencia la discusión respecto de la necesidad de que en tiempos de profunda crisis y notables privaciones ciudadanas, la representación política asuma la responsabilidad de cumplir la gestión para la que fue elegida con una mayor dosis de apego a su función. Que es, en definitiva, la representación de los intereses de la gente.