Ajuste del 57,45% para los alquileres desde julio

Quienes tengan que actualizar los valores de pago de los alquileres a partir del próximo mes deberán afrontar una suba del 57,45 por ciento según el índice que informa el Banco Central de la República Argentina, que rige según la polémica ley del sector (la número 27.551), que está bajo la mira de distintos sectores y aguarda una resolución por parte del Congreso Nacional.

El índice de actualización, que ya roza el 60 por ciento de aumento, genera serias preocupaciones a los inquilinos que deben afrontar las subas, aunque según se ha informado en distintas inmobiliarias consultadas, no ha generado rescisiones masivas de contratos de alquiler.

Uno de los martilleros que dialogó con este diario puntualizó que “es tan difícil conseguir una vivienda en alquiler que la gente, por el momento, soporta las subas altísimas de actualización” y resaltan, a su vez, que los propietarios siguen retirando propiedades del mercado por la falta de estímulos y la cantidad de años que tienen los contratos de alquiler (tres años de vigencia).

El índice de actualización para julio 2022 marca que quienes firmaron los contratos en julio de 2021 tendrán que afrontar el 57,45 por ciento de aumento, mientras que quienes firmaron en julio de 2020, cuando comenzó a regir la ley, sumarán dos actualizaciones: el 57,45 por ciento de julio próximo y el 41 por ciento de julio del año pasado, lo que suma una suba del 98,45 por ciento,

Julio de 2021 fue el primer mes que comenzó a aplicarse el índice de locación, conformado por la suba inflacionaria y la suba de salarios (ver gráfico).

DESEQUILIBRIO

Según martilleros de la región, la ley 27.551 generó un “desequilibrio” entre oferta y demanda, que se vio reflejado en el retiro de una importante cantidad de unidades del mercado”.

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Desde el Foro Profesional Inmobiliario se indicó que “siempre expresamos que alargar el plazo mínimo de los contratos no iba a ser conveniente en el contexto de una situación económica inestable, potenciada por la pandemia”.

Desde ese espacio plantearon que “la intervención del Estado provocaba, más que una “protección”, inseguridad jurídica”.

Los martilleros remarcan que tal situación se da en un contexto en el que se registra un “freno” de la construcción de unidades nuevas, en ese contexto, lo que deriva en un “combo” letal.

Se sostiene que “el Estado sólo debe intervenir para generar condiciones atractivas y procurar la búsqueda de mecanismos de crédito que faciliten el acceso a la vivienda. Se debe poner el foco en solucionar los problemas. No en empeorarlos”.

Profesionales del sector piden así un análisis “profundo” y con la celeridad necesaria para sacar al mercado del panorama que describen. A la vez, piden promover la “reactivación” de la industria de la construcción.

En distintas inmobiliarias remarcan que “si bien la suba es altísima para un esquema de economías familiares castigadas que pagan alquileres, para los propietarios también plantean incertidumbre al pensar que pueden quedar bajo la línea inflacionaria”, ya que el índice que publica el Indec no para de crecer.

También martilleros locales aclararon que “los ajustes que informa el Banco Central de la República Argentina mes tras mes hay que cumplirlo a rajatabla. Es obligatorio aplicarlo y no hay margen de negociación entre las partes”.

Según los últimos datos que se brindaron en el mercado de alquileres de la Ciudad, comenzar hoy el alquiler de un departamento de un dormitorio ronda en los 40 mil pesos, aunque depende de la zona en la que está ubicado el inmueble; y uno de dos dormitorios ronda puede tener un piso de 50 mil pesos.

ODISEA

En la actualidad, alquilar es una odisea en la región y las principales ciudades del país.

A partir del 1 de julio de 2020, cuando comenzó la vigencia de la ley 27.551, se retiraron de la oferta locativa habitacional cerca de un 50 por ciento de los inmuebles y gran parte de ellos pasaron a la venta.

Según remarcan en el sector, la escasa rentabilidad de los alquileres, que es inferior al 2,5 por ciento anual del valor del inmueble antes de impuestos, cuando históricamente fue de entre el 5 al 6 por ciento.