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Los manifestantes piden una baja en el precio de los combustibles, entre otros puntos para contener el costo de la canasta básica. Calles militarizadas y al menos 4 muertos
QUITO
Ríos de manifestantes aumentan la presión en las calles militarizadas de Quito. Los indígenas y el gobierno ecuatoriano miden fuerzas sin que aún se vislumbre una salida cuando hoy se cumplen once días de crisis con protestas que han dejado al menos cuatro muertos y decenas de heridos.
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Ayer el gobierno de Ecuador rechazó el pedido indígena de derogar el estado de excepción que rige en seis de las 24 provincias y en la capital ecuatoriana. Ante la negativa oficial, el movimiento de protesta volvió a la carga para exigir una reducción de los precios de los combustibles, entre otras acciones que amortigüen el costo de la canasta básica.
Llegados de varios puntos, cerca de 10.000 indígenas están en Quito desde el lunes. A su paso van quemando neumáticos y armando barricadas con troncos de árboles. Alambres de púas, vallas y militares protegen la sede presidencial. La ciudad está semiparalizada.
El gobierno del presidente Guillermo Lasso tiene las “manos manchadas de sangre”, lanzó el indígena Leonidas Iza, líder de la movilización, frente a la represión que denuncian los manifestantes.
Entre el lunes y ayer han muerto al menos cuatro personas en medio de las protestas, según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que además registra 90 heridos y 87 detenidos desde el 13 de junio. De acuerdo a la policía, hay más de 100 efectivos y soldados heridos.
No obstante Iza, presidente de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), dijo que está dispuesto al “diálogo” sin intermediarios y bajo “veeduría” que garantice “resultados”.
Como punto de partida, la Conaie quiere que se levante el estado de emergencia bajo el cual militares salieron de los cuartes y se decretó un toque de queda nocturno en Quito.
Pero el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, fue rotundo: “No podemos levantar el estado de excepción porque eso es dejar indefensa a la capital, y ya sabemos lo que sucedió en octubre de 2019 y no lo vamos a permitir”, advirtió en entrevista con el canal Teleamazonas.
Con los acercamientos en puntos muertos, las protestas avanzan en el resto del país. El martes, un ataque a instalaciones policiales en la localidad amazónica de Puyo dejó un muerto y seis uniformados con heridas graves, según el ministerio del Interior.
Dieciocho policías están “desaparecidos” y tres más fueron “retenidos” por indígenas, añadió el jefe de la cartera, Patricio Carrillo, en rueda de prensa ayer.
Estamos “demasiado enojados con el gobierno”, dijo Olmedo Ayala, un indígena de 42 años que llegó a Quito desde la provincia de Cotopaxi. “Vivimos en crisis económicamente en el campo, ahí no hay desarrollo, no tenemos fuentes de trabajo, solo somos agricultores y nuestras mujeres (viven) de sacar la leche” pero cada vez reciben menos dinero por ello, contó.
El diésel subió un 90 por ciento y la nafta común un 46 por ciento en casi un año, lo que aumentó el costo de los fletes. Los indígenas aseguran que están cosechando a pérdida. Desde octubre pasado los precios están congelados por la presión social.
Al cabo de días de protestas, con corte de vías y movilizaciones, comienza a haber desabastecimiento, mientras en las calles retumba el grito de guerra de los indígenas: “¡fuera Lasso, fuera!”.
El mandatario, que asumió la presidencia en mayo de 2021, ve en las protestas un intento de sacarlo del poder. La Conaie lideró revueltas populares que forzaron la renuncia de tres mandatarios entre 1997 y 2005. En 2019, la Conaie también protagonizó marchas que duraron dos semanas y dejaron 11 muertos y más de 1.000 heridos en todo el país, así como pérdidas por 800 millones de dólares.
Sin mayor respaldo político, Lasso cuenta por ahora con el apoyo de los militares, que cerraron filas en torno al gobierno ante el “serio riesgo” que corre la “democracia en Ecuador”, dijo el martes el jefe de Defensa, Luis Lara. (AFP)
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