

Una de las marchas piqueteras al Obelisco/télam
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Afirmaron ante el ministerio de Desarrollo de la Nación que son obligados a ir a las marchas o a dar un “aporte” del monto que perciben
Una de las marchas piqueteras al Obelisco/télam
Unas 4.400 afirmaron sufrir prácticas clientelares con los planes sociales que perciben, entre ellas, las de ser obligados a concurrir a movilizaciones o la de tener que entregar parte del monto que deberìan percibir. Además, otras 1.700 expusieron situaciones de maltrato por parte de los referentes de las organizaciones sociales y unos 900 hablaron de amenazas.
Así se desprende de los datos que maneja el ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para que los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo puedan modificar la unidad de gestión, mediante la cual brindan la contraprestación.
Según explicaron desde la cartera que conduce Juan Zabaleta, no se trata denuncias concretas sino de “situaciones irregulares que se exponen en un formulario a la hora de justificar el cambio en el plan”.
Según indican los voceros del área, los abusos más mencionados por los beneficiarios son los de la exigencia a ir a movilización o pagar un “bono” a las organizaciones sociales que “administran” esos planes. Y afirmaron que, actualmente, 818 personas ratificaron sus dichos y otras 18 se encuentran en seguimiento, en tanto que unas 500 no ratificaron los motivos indicados en la planilla que completaron.
Según los cálculos difundidos, en lo que va de 2021 el Estado invirtió más de 7 billones de pesos en 141 planes sociales.
La mayoría de las denuncias administrativas nunca llegan a la justicia federal, ámbito en el que se dirimen estas acusaciones por tratarse de fondos nacionales, pero terminan en la justicia ordinaria por ser consideradas una “estafa entre privados”.
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Así ocurrió en una denuncia contra dirigentes del Polo Obrero, iniciada durante el gobierno de Mauricio Macri. El expediente pasó por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises), dondeS una de las denunciantes, Elizabeth Natalia Quiñones, beneficiaria del programa “Hacemos Futuro” en Merlo, ratificó que todos los meses iba a la casa de una dirigente del PO, de apellido Orellana, y le entregaba una suma de dinero, entre otros casos.
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