Apunten a la Corte: el pedido de juicio, en marcha

El proyecto para iniciar el juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia impulsado por el presidente Alberto Fernández y once gobernadores ingresó formalmente ayer a la Cámara de Diputados, junto con los argumentos de la acusación y distintas alternativas para avanzar en la investigación, incluidas propuestas para la citación de varios testigos, recolección de pruebas y pedidos de informes a distintas dependencias. Así, queda abierta la posibilidad de que se solicite la intervención de la Oficina de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado para “establecer llamadas entrantes y salientes de líneas telefónicas”.

También se pedirá a la Oficina de Presupuesto del Congreso que haga una estimación del impacto de la resolución de la Corte que impactará sobre los recursos nacionales.

La iniciativa, presentada en las últimas horas por el diputado del FdT Eduardo Valdés junto a otros legisladores del oficialismo, consta de 410 páginas y propone citar a los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti -su presidente-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, para que se presenten ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, que llevará adelante la investigación.

En el proyecto de resolución, que elaboraron los diputados en base al documento impulsado por el Presidente, se agregaron además nuevas denuncias para ser investigadas a lo largo del proceso, entre ellas una sobre el manejo de la obra social del Poder Judicial.

En torno al fallo del máximo tribunal sobre la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, el texto sostiene que “resulta evidente que la decisión adoptada por los ministros de la Corte es eminentemente política y parcial, por ende, como tal, debe ser analizada bajo el prisma del enorme impacto político y económico que provoca dentro del esquema de coparticipación federal”.

El oficialismo cuenta con el número necesario en la comisión de juicio político para firmar el dictamen del proyecto, pero no con la mayoría de dos tercios que se precisa en el plenario para impulsar la acusación ante el Senado.

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La decisión de iniciar un proceso contra los integrantes del máximo tribunal por parte del Gobierno nacional se dio luego de la difusión de conversaciones por chat que Silvio Robles, vocero del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, mantuvo, presumiblemente, con el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’ Alessandro.

En esos intercambios, Robles le indicaba al funcionario porteño que estrategias debía seguir el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para obtener un fallo favorable por parte de la Corte en el litigio con Nación por los fondos coparticipables, algo que finalmente se produjo.

ACUERDO POLÍTICO

“La Corte Suprema privilegió, de manera ostensible e infundada, un acuerdo político partidario que a partir de 2016 promovió elevar el coeficiente de coparticipación del distrito más rico del país”, señala el texto impulsado por los legisladores.

En ese sentido, expresa que “esto así, en tanto que los numerosos argumentos vertidos en pos de dar cuenta de las arbitrariedades que justificaron un aumento desproporcionado de este coeficiente no fueron debidamente atendidos”.

En el texto, los diputados sostienen que deben ser citados como testigos “todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados”.

“El enjuiciamiento político, en el que se acusa y se intenta destituir a jueces de la Corte Suprema de Justicia, es una instancia excepcional en la que se persigue la determinación de la responsabilidad política del gobernante”, añade el documento.

El oficialismo no tiene número para impulsar la acusación de los jueces ante el Senado

Agrega que “el mal desempeño de los jueces de la Corte Suprema de Justicia se pone en evidencia cuando el magistrado no aplica o decide contra el Derecho en vigor o carece de aptitudes morales o intelectuales para el cumplimiento de la tarea”.

“Ese mal desempeño, además, se encuentra afianzado en una composición homogénea de resoluciones jurisdiccionales que demuestran inequívocamente una interpretación infiel y dañina para el orden jurídico del Estado, en cuya cima, la Constitución resulta espectacularmente violada”, señalan los diputados.

El Gobierno nacional oficializó ayer la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el “23 de enero hasta el 28 de febrero” para tratar 27 proyectos, entre los que figuran además del pedido de enjuiciamiento a la Corte Suprema, un proyecto para ampliar el número de integrantes del máximo tribunal, la modificación de la Ley del Consejo de la Magistratura y una norma relacionada al tratamiento del acuerdo requerido para designar al Procurador de la Nación.