El golpe comando para rescatar a un delincuente enciende alarmas en seguridad

El golpe comando perpetrado en las últimas jornadas por un grupo de delincuentes que logró interceptar a un camión del Servicio Penitenciario bonaerense y rescatar, luego de un tiroteo en el que dispararon más de 30 proyectiles, a un peligroso detenido que era llevado a uno de los dos juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata que funcionan en Tolosa, que pudo darse a la fuga protegido por sus cómplices, expuso de una dramática manera otro aspecto de las falencias que en materia de seguridad que desde hace muchos años presenta el sistema penal en la Provincia.

El hecho dejó a la vista que una banda armada hasta los dientes pudo organizar y ejecutar un rescate de película, en un episodio en el que afortunadamente no se registraron heridos a pesar de que ocurrió en una zona poblada y en horas del mediodía.

Una delincuencia desatada, sin límites para su accionar, logró sacarle así un delincuente de las manos de uno de los organismos del Estado que vertebran el sistema de seguridad en la Provincia, en este caso a cargo del traslado de detenidos.

No haría falta detallar más sobre un gravísimo incidente que ahora se encuentra en manos de la Justicia, pero sí corresponde insistir en que las fugas de presos, ya sea de las cárceles o de las comisarías en donde se encuentran detenidos, así como de los vehículos oficiales del SPB cuando son llevados de un lado a otro, originan justificado temor en la población. Además, este tipo de insólito rescate forma parte de las acciones que deben ser categóricamente prevenidas y evitadas.

El precepto constitucional de fondo en este tema contiene elementos básicos: los presos deben estar detenidos bajo condiciones de estricta seguridad y legalidad y el encarcelamiento apunta al cumplimiento de ese mandato. Vale reiterar que son los organismos estatales los que deben cumplir con esas premisas.

Sin embargo, en uno de los últimos años informados, los datos estadísticos vinieron hablando de la apertura de casi 600 causas concretadas anualmente por fugas de presos de cárceles o comisarías. En ese informe, además, se destacaba que del número de causas iniciadas por fugas de prisioneros, sólo catorce habían llegado a juicio y menos de la mitad tuvo sentencia.

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Más recientemente se registraron fugas de presos en la Unidad 26 de Olmos, en una situación que le costó el puesto a varios jefes de ese complejo penitenciario, del cual habían escapado otros dos internos pocos meses antes, utilizando para ello los servicios de un remís. Pero las fugas de detenidos también se presentaron en distintas unidades carcelarias y policiales de nuestra ciudad y del resto de la Provincia.

Tal como lo han señalado especialistas en forma reiterada, estos hechos no deben ser considerados como episodios aislados, sino que se enmarcan en una grave crisis del sistema de seguridad, relacionada en el sector penitenciario con deficiencias en el manejo y alojamiento de los detenidos, que deberían ser analizadas y corregidas por las autoridades policiales, penitenciarias y del área de minoridad.

Por cierto que el caso de Tolosa debe preocupar muy hondamente, en el sentido de que marca la temeraria decisión de una banda -asistida en este caso por armamentos y por la decisión de ir por todo- que logró burlar a la autoridad del Estado.