Corrupción y los “nuevos ricos”

El ministro de Petróleo venezolano, Tareck El Aissami, renunció el luego de la detención en los últimos días de varios funcionarios vinculados con sectores estratégicos, entre ellos, con la corporación estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). “En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA; he tomado la decisión de presentar mi renuncia como Ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso”, indicó El Aissami mediante su cuenta en Twitter y mencionado por la estatal Venezolana de Televisión.

El Aissami, que también funge como vicepresidente sectorial para el Área Económica venezolana, indicó que también en su “condición de militante revolucionario, me coloco a disposición de la dirección del PSUV”, el partido de gobierno, para “apoyar esta cruzada que ha emprendido el Presidente Nicolás Maduro contra los antivalores que estamos obligados a combatir, hasta con nuestras vidas”.

Tarde en la noche, Maduro comentó que aceptó la renuncia de El Aissami para facilitar las investigaciones. El gobernante prometió “desmembrar todas estas mafias que hemos descubierto”, en los últimos meses, en un encuentro televisado con los directivos del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela.

Maduro comentó que la investigación, en parte, se inició al evidenciar comportamientos de algunos funcionarios a los que describió como “nuevos ricos, con una forma de vida extravagante”.

La renuncia de El Aissami -un poderoso aliado de Maduro que fue sancionado por Estados Unidos como presunto capo de la droga- se produjo dos días después de que el fiscal general, Tarek William Saab, anunciara en un comunicado que el Ministerio Público designó cinco fiscales para indagar en presuntos “ilícitos”, investigados por la Policía Nacional Anticorrupción, relacionados con “distintas ramas y niveles del Poder Público” y que “implican a sectores estratégicos para el desarrollo nacional y la administración de justicia”.

El Ministerio Público no ha mencionado una cifra exacta de detenidos ni ha ofrecido detalles del caso.

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El Aissami, quien ocupó el ministerio de Relaciones Interiores durante el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez, fue designado ministro de Petróleo el 27 de abril de 2020. Venía de desempeñarse como vicepresidente de la República bajo el mandato de Maduro.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos incorporó en el 2020 a El Aissami a su lista de los 10 fugitivos más buscados. El ahora exministro fue sancionado en 2017 por presuntamente ser un importante narcotraficante y fue acusado dos años después por alegatos de violación de esas sanciones impuestas por Washington.

Las sanciones de Estados Unidos buscan obligarlo a separarse del poder, argumentando que fue reelegido en el 2018 en unos comicios fraudulentos.De entre los pocos detenidos que han sido identificados por la Policía Anticorrupción, en un comunicado, destaca Joselit Ramírez, superintendente nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip). Ramírez también se desempeñó, bajo el mando de El Aissami, como director general de la vicepresidencia de la República y director del despacho del Ministerio de Industria y Producción Nacional.

En junio de 2002, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujese al arresto y condena de Ramírez Camacho, acusado de participar en crimen organizado transnacional.

Mientras ocupaba cargos públicos en el régimen venezolano, Ramírez Camacho violó la confianza pública al conspirar para lavar fondos ilícitos obtenidos en Venezuela, indicó en un comunicado el entonces Secretario de Estado, Michael Pompeo.

Ramírez Camacho entonces fue acusado junto con El Aissami, en el Distrito Sur de Nueva York, de varios delitos transnacionales, incluido el de lavado de dinero.

En el mismo comunicado policial, figuran también como detenidos el juez Cristóbal Cornieles Perre, presidente del circuito judicial penal de Caracas, y José Maxcimino Márquez, juez del cuarto Tribunal Antiterrorista.

Maduro, sin mencionar nombres, resaltó que entre los detenidos figuran altos cargos en la dirección del poder judicial, acusados de vender “sentencias para favorecer a narcotraficantes, a delincuentes”.

El gobernante también reveló que las investigaciones arrojaron que Pedro Hernández, el alcalde oficialista del municipio Santos Michelena, del estado central de Aragua, tiene vínculos directos con la banda del “del asesino, alias El Conejo”, líder de una de las mayores bandas delictivas del país.

Venezuela enfrenta una crisis de larga data, agravada por el sostenido deterioro de su economía y el colapso de su industria petrolera, principal fuente de sus ingresos en divisas.

A pesar de tener las mayores reservas de petróleo del mundo, experimenta desde hace más de un lustro una drástica caída de su producción de crudo y productos refinados que se ha traducido en escasez por el deficiente suministro de combustibles y gas doméstico.

Los críticos del gobierno atribuyen el colapso de la industria petrolera a una mala gestión y a la corrupción en PDVSA bajo la administración de los gobiernos socialistas de Chávez, y Maduro, su sucesor.