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El expresidente Bolsonaro
BRASILIA
La policía brasileña allanó ayer la casa del expresidente Jair Bolsonaro (68) en el marco de una investigación sobre la supuesta falsificación de certificados de vacunación contra el Covid-19. El exmandatario ultraderechista (2019- 2022) negó los señalamientos y acusó a las autoridades de intentar “fabricar un caso” en su contra.
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“No hay adulteración de mi parte. No me vacuné, punto, eso nunca lo negué”, dijo a periodistas frente a su vivienda. “Estoy realmente sorprendido por el allanamiento y las incautaciones”, agregó.
Bolsonaro, muy cuestionado por el manejo de la pandemia, que dejó más de 700.000 muertos en Brasil, aseguró que la policía también incautó su teléfono celular e inspeccionó los registros de vacunación de su familia.
La redada fue ordenada por el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, que considera que hay una línea de investigación “plausible, lógica y sólida” que sugiere que el expresidente puede estar implicado personalmente en las supuestas irregularidades.
El caso versa sobre una presunta “asociación criminal” sospechosa de insertar “datos falsos de vacunación contra el Covid-19 en los sistemas” públicos de salud, informó la Policía Federal (PF). De esa forma buscaban “eludir” las restricciones sanitarias impuestas por las autoridades brasileñas y estadounidenses para prevenir la propagación del virus.
En el reporte al juez, la PF señala que el expresidente fue ingresado en los registros como si hubiera recibido dos dosis del inmunizante, en agosto y octubre pasados.
Su esposa e hija de 12 años, asesores y un diputado federal también habrían sido beneficiados de esas presuntas inscripciones fraudulentas, según la PF.
Durante su gobierno, Bolsonaro llegó a bromear con que quienes se inmunizaran podían convertirse en “cocodrilo”.
Derrotado en las elecciones presidenciales de octubre, el expresidente viajó a EE UU el 30 de diciembre, dos días antes de la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
EE UU exige a los viajeros aéreos internacionales que presenten prueba de vacunación contra el coronavirus, un requisito que dejará de regir el 11 de mayo y que no se aplica a funcionarios de gobiernos extranjeros.
“En mis idas a EE UU, nunca me fue exigido el certificado de vacunación”, explicó Bolsonaro a la red Jovem Pan.
Aliado cercano del expresidente estadounidense Donald Trump, Bolsonaro permaneció en Orlando, Florida, hasta el 30 de marzo.
Se desconoce cómo las autoridades estadounidenses manejaron la estadía del líder brasileño, después de finalizar su mandato el 1 de enero.
Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense afirmó ayer a reporteros que los registros individuales de visa son confidenciales.
Los supuestos datos falsos de vacunación de Bolsonaro habrían sido cargados en el sistema de salud pública antes de su viaje, y luego eliminados, según un informe de la Policía que consta en la investigación.
La policía informó además que la operación de ayer incluyó 16 órdenes de allanamiento, en Brasilia y Río de Janeiro, y seis órdenes de arresto.
Según medios, la PF detuvo, entre otros, al teniente coronel Mauro Cid, exedecán de Bolsonaro y considerado su mano derecha durante la presidencia.
“Conspirar contra la salud pública es una corrupción gravísima”, afirmó el ministro de Justicia y Seguridad, Flávio Dino.
Bolsonaro fue citado a declarar en la sede de la PF, pero sus abogados le recomendaron mantenerse en silencio.
“Irá cuanto antes (...) pero necesitamos acceder a la causa”, dijo Paulo Cunha Bueno, defensor del exmandatario, al diario Folha de Sao Paulo.
Desde su regreso a Brasil, Bolsonaro ha sido interrogado dos veces por la PF.
El 5 de abril tuvo que prestar declaración por la investigación abierta por el ingreso irregular a Brasil de valiosas joyas regaladas por Arabia Saudita en 2021.
Y la semana pasada, debió comparecer como parte de otra investigación sobre su presunto papel en los disturbios del 8 de enero, cuando miles de sus seguidores invadieron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia en un intento de tumbar a Lula, quien había asumido siete días antes.
En total, Bolsonaro enfrenta cuatro investigaciones de la Corte Suprema que podrían enviarlo a prisión, y 16 casos ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Este último, que investiga afirmaciones no probadas de Bolsonaro de fraude en el sistema electoral, podría quitarle el derecho a postularse para la presidencia durante ocho años, marginándolo de la contienda de 2026.
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